El Gobierno nacional se prepara para afrontar un pago estimado en 2,5 billones de pesos por la Ley de Financiamiento Universitario, luego de un fallo judicial que obliga a su cumplimiento. Desde el Ejecutivo reconocen dificultades para reunir los fondos y anticipan un impacto en las cuentas públicas.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y deja al Estado ante la necesidad de comenzar con las transferencias mientras avanza la instancia final ante la Corte Suprema.

Presión judicial y apelación en marcha

El Ejecutivo recurrirá a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, aunque en la Casa Rosada consideran poco probable que se otorgue una suspensión del fallo.

En este escenario, si no se concede ese efecto, el Gobierno deberá empezar a cumplir con los pagos establecidos por la ley desde los próximos días.

Impacto fiscal y advertencia de déficit

Fuentes oficiales estiman que la implementación de la norma implicará un costo total cercano a los 2,5 billones de pesos, lo que podría afectar el equilibrio fiscal.

Desde el entorno gubernamental advierten que el cumplimiento de esta obligación podría derivar en un regreso al déficit, en un contexto de ajuste del gasto público.

Qué contempla la ley

La normativa establece la actualización de salarios para docentes y no docentes universitarios, además de la recomposición de programas de becas estudiantiles.

Estas medidas buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años, en medio de un contexto inflacionario elevado.

Reclamos del sector universitario

Rectores, gremios y estudiantes vienen reclamando mayores partidas presupuestarias desde 2024. Según datos del sistema universitario, las transferencias nacionales acumulan una caída real significativa en los últimos años.

Además, los salarios del sector registran un retraso frente a la inflación, lo que profundizó el conflicto y derivó en protestas y movilizaciones en distintas universidades del país.

El Gobierno analiza alternativas para afrontar los pagos de manera gradual mientras espera una definición de la Corte Suprema, en un escenario que mantiene en tensión la relación con el sistema universitario.

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