El gobierno encabezado por José Antonio Kast anunció que en las próximas semanas comenzará a aplicar test de drogas a todas las altas autoridades del Ejecutivo. La medida alcanzará no solo a ministros, sino también a subsecretarios y asesores.

El objetivo es reforzar los estándares de transparencia, ética y control en la gestión pública, en un contexto de mayor exigencia social sobre la conducta de los funcionarios.

De una medida limitada a un control generalizado

Hasta ahora, los exámenes toxicológicos se realizaban únicamente a ministros. Con la nueva decisión, el alcance se amplía a toda la estructura superior del Estado.

Además de los test, el Ejecutivo implementará revisiones más estrictas de antecedentes, declaraciones juradas patrimoniales y posibles conflictos de interés.

La iniciativa surge también tras recientes cuestionamientos a designaciones en cargos públicos, lo que aceleró la decisión de profundizar los mecanismos de control.

Respaldo político y mensaje institucional

La medida recibió apoyo desde distintos sectores políticos. Legisladores oficialistas destacaron que apunta a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Desde la oposición también valoraron la iniciativa como una señal frente al avance del narcotráfico en la región y su posible impacto en estructuras estatales.

Analistas coinciden en que el endurecimiento de los controles busca prevenir riesgos y evitar situaciones que afecten la credibilidad del sistema político.

Un cambio con impacto en la gestión pública

El plan comenzará a aplicarse en las próximas semanas y será de carácter periódico. El Gobierno no descarta ampliar controles a otros niveles del Estado en el futuro.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia para elevar estándares de integridad en la función pública y responder a demandas de mayor transparencia.

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