El gobierno de Uruguay presentó un nuevo plan de seguridad
enfocado en combatir el narcotráfico, que incluye mayor presencia militar en
fronteras y cambios en las funciones de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa fue anunciada por el presidente Yamandú Orsi
y deberá ser aprobada por el Congreso para su implementación.
Más control militar en zonas fronterizas
El proyecto busca ampliar las competencias de las Fuerzas
Armadas en tareas de vigilancia y control, especialmente en áreas limítrofes
consideradas clave para el tráfico de drogas.
El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que la
medida apunta a fortalecer la capacidad operativa del Estado frente al avance
del narcotráfico.
Además, se prevé la creación de un centro de comando
unificado que integre información de la Policía y de los sistemas tecnológicos
militares.
Aumento del narcotráfico y cifras oficiales
En los últimos años, Uruguay registró un crecimiento de la
criminalidad vinculado al tráfico de drogas, lo que motivó el diseño de esta
estrategia nacional de seguridad.
Desde la asunción de Orsi en 2025, las autoridades
informaron el decomiso de más de nueve toneladas de drogas y bienes valuados en
unos 250 millones de dólares.
Aunque el país no produce cocaína, investigaciones
detectaron cargamentos que salieron desde el puerto de Montevideo hacia Europa,
lo que refuerza la hipótesis de que funciona como punto de tránsito y acopio.
Casos recientes y redes criminales
El avance del narcotráfico también se reflejó en episodios
de violencia, como el atentado contra una fiscal especializada en
estupefacientes ocurrido en 2025.
En ese contexto, la figura de Sebastián Marset cobró
relevancia. Considerado uno de los principales referentes del crimen organizado
en la región, fue detenido recientemente en Bolivia y extraditado a Estados
Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero.
Un plan en debate
El proyecto abre un nuevo escenario en Uruguay respecto al
rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, un tema históricamente
sensible.
La discusión en el Congreso será clave para definir el
alcance de estas medidas, en un contexto regional donde el narcotráfico
continúa expandiendo su influencia.
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