El exmandatario venezolano Nicolás Maduro se presentó ante un tribunal federal en Nueva York, en una audiencia marcada por fuertes cruces entre la defensa y la fiscalía en torno al financiamiento de su equipo legal y el acceso a pruebas reservadas.

Cruces por la defensa y fondos bloqueados

Durante la audiencia, que se extendió por cerca de una hora, los abogados de Maduro plantearon que el acusado debería poder utilizar fondos venezolanos retenidos por Estados Unidos para pagar una defensa privada.

Desde la fiscalía rechazaron esa posibilidad y argumentaron que esos recursos continúan congelados por motivos de seguridad nacional. También señalaron que el acusado puede acceder a representación legal pública, como establece el sistema judicial estadounidense.

El juez federal a cargo del caso cuestionó algunos de los argumentos oficiales y dejó abierta la discusión sobre si corresponde habilitar el uso de esos fondos en esta instancia del proceso.

Debate por pruebas confidenciales

Otro de los puntos centrales fue el uso de evidencia presentada por la DEA, que permanece bajo carácter reservado. La defensa pidió acceder sin restricciones para garantizar el derecho a una defensa plena.

En cambio, los fiscales advirtieron que difundir ese material podría poner en riesgo a testigos y fuentes involucradas en la investigación, lo que generó un nuevo foco de tensión en la audiencia.

Un proceso con impacto político y judicial

El expediente incluye acusaciones vinculadas a narcotráfico y terrorismo, y también alcanza a otros dirigentes del entorno del exmandatario.

El juez deberá resolver en los próximos días si mantiene las restricciones sobre los fondos y cómo se administrará el acceso a las pruebas sensibles. Ambas decisiones podrían influir en el desarrollo del juicio.

Qué puede pasar en las próximas semanas

El caso continuará su curso en la justicia federal estadounidense, mientras se esperan definiciones clave que podrían derivar en nuevas apelaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La resolución sobre el financiamiento de la defensa y el uso de pruebas confidenciales marcará el rumbo de un proceso judicial con alto impacto internacional y consecuencias políticas aún abiertas.

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