El Senado de Chile aprobó en general un proyecto de ley que propone suspender o conmutar penas de prisión para reclusos adultos mayores con enfermedades graves, una iniciativa que generó fuerte controversia política y social.

La votación terminó con 23 votos a favor y 22 en contra, impulsada principalmente por parlamentarios de derecha. La propuesta plantea que ciertos presos puedan cumplir sus condenas en arresto domiciliario, dependiendo de su edad o estado de salud.

El proyecto ahora continuará su debate legislativo antes de pasar a la Cámara de Diputados.

Quiénes podrían acceder al beneficio

La iniciativa contempla que puedan solicitar el beneficio personas privadas de libertad mayores de 70 años con enfermedades graves, o aquellos que superen los 80 años considerando el tiempo de condena.

También incluye casos de enfermedades terminales, discapacidades severas o patologías crónicas que no puedan ser tratadas adecuadamente dentro del sistema penitenciario.

Desde el gobierno advirtieron que la norma podría tener un alcance mucho mayor al previsto. La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, estimó que más de 12.000 reclusos podrían solicitar la medida, entre ellos alrededor de 400 condenados por delitos graves.

Críticas del gobierno y organismos de derechos humanos

La propuesta provocó una fuerte reacción del oficialismo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que la aprobación inicial representa “un día negro para la democracia y la protección de los derechos humanos”.

El presidente Gabriel Boric también cuestionó la iniciativa y sostuvo que el proyecto podría generar impunidad para criminales condenados por delitos graves, incluidos violaciones a los derechos humanos, homicidios y abusos.

Entre los posibles beneficiarios mencionados en el debate público aparece el exagente de la policía secreta de la dictadura, Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas y asesinatos durante el régimen de Augusto Pinochet.

Debate político y defensa desde la oposición

Desde la oposición defendieron la propuesta y señalaron que el objetivo es garantizar condiciones humanitarias para personas mayores con problemas de salud, no liberar masivamente a criminales.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, afirmó que la intención no es permitir que miles de reclusos abandonen las cárceles.

Sin embargo, incluso algunos dirigentes opositores reconocieron problemas en el texto legal. El diputado Diego Schalper señaló que la iniciativa presenta “errores jurídicos importantes” y que deberá ser corregida durante la discusión parlamentaria.

Un debate que seguirá en el Congreso

El proyecto continuará ahora su discusión en particular en el Senado, donde se analizarán modificaciones antes de un eventual segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

El debate promete extenderse en las próximas semanas, en un clima político marcado por el enfrentamiento entre quienes consideran la medida una respuesta humanitaria y quienes advierten que podría abrir la puerta a la excarcelación de condenados por delitos graves.

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