El Gobierno nacional inició sumarios administrativos contra los sindicatos La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por no respetar la conciliación obligatoria durante el último paro general convocado por la CGT.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, que indicó que la Secretaría de Trabajo abrió las actuaciones tras verificar el incumplimiento de la normativa laboral vigente.

A partir de este procedimiento, ambos gremios podrían enfrentar sanciones económicas importantes e incluso medidas más severas si se comprueba la infracción.

Posibles multas y sanciones previstas por ley

Según explicó la cartera laboral, las infracciones vinculadas al incumplimiento de conciliaciones obligatorias pueden derivar en multas que van desde el 50% hasta el 2000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan garantizar el respeto a las reglas que regulan los conflictos laborales y evitar que se paralicen servicios esenciales.

Además, en casos extremos, la legislación contempla sanciones que podrían incluir la suspensión o pérdida de la personería gremial.

La postura de los sindicatos

El gremio ferroviario La Fraternidad, conducido por Omar Maturano, participó del paro general del 19 de febrero. Desde el sindicato argumentaron que la conciliación obligatoria vigente estaba vinculada exclusivamente a su negociación salarial y no a la medida impulsada por la central obrera.

Una postura similar adoptó la UTA, encabezada por Roberto Fernández. El sindicato sostuvo que la conciliación dictada por el Gobierno se refería al conflicto salarial de choferes del interior del país y no al servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Un antecedente que puede marcar el rumbo

La conciliación obligatoria implica que, durante un período de negociación de al menos 15 días, las partes deben suspender medidas de fuerza y retrotraer el conflicto a la situación previa.

El último antecedente relevante de una sanción de este tipo ocurrió en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri aplicó una multa millonaria al sindicato de Camioneros por un incumplimiento similar. Esa sanción fue posteriormente anulada en 2020.

En este contexto, la apertura de sumarios a los gremios del transporte podría abrir un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, con impacto en futuras negociaciones laborales.

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