La esposa del intendente de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, lo denunció por presuntos malos tratos e intimidaciones. La presentación se realizó en la Comisaría 23 de la Policía de Santa Fe y también incluyó planteos sobre la convivencia familiar.

La mujer, médica de 51 años, manifestó que busca “proteger la integridad psicológica” propia y de sus hijos adolescentes, de 14 años.

La denuncia por violencia e intimidación

De acuerdo con la exposición policial, la denunciante sostuvo que su esposo “en reiteradas oportunidades” se torna agresivo de forma verbal en el ámbito doméstico.

Indicó además que las discusiones se producen por cuestiones cotidianas y que la situación la llevó a formalizar la denuncia para activar los mecanismos previstos por la ley en casos de violencia de género.

También afirmó que, ante determinados episodios, optaba por encerrarse con llave junto a sus hijos por temor.

Reuniones en la vivienda y dinero del hogar

En su declaración, la mujer señaló que durante la semana el intendente hacía ingresar personas al quincho de la propiedad familiar, donde —según su relato— se consumía alcohol hasta altas horas de la noche.

Agregó que el jefe comunal se habría retirado del domicilio y que se llevó dinero en efectivo perteneciente al fondo familiar. Además, expresó que no desea que regrese a la vivienda que compartían.

Hasta el momento, no trascendieron medidas judiciales adoptadas en el marco de la denuncia.

Antecedentes y contexto en Funes

Funes es una ciudad ubicada a 20 kilómetros de Rosario, sobre la Ruta Nacional 9, y es considerada una zona residencial de alto crecimiento en el Gran Rosario.

Santacroce había tomado notoriedad pública en 2024 al rechazar un proyecto de vecinos del exclusivo Kentucky Club de Campo que buscaban independizarse del municipio por considerar elevadas las tasas locales.

En ese barrio posee una vivienda el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, entre otras figuras del deporte y la política provincial.

Cómo sigue el caso

La denuncia quedó radicada en sede policial y deberá intervenir la Justicia para evaluar eventuales medidas de protección y el avance de la investigación.

El caso genera repercusión en la política santafesina, ya que involucra directamente a una autoridad municipal en funciones. En los próximos días podrían definirse pasos procesales y eventuales pronunciamientos oficiales.

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