El arzobispo de la Arquidiócesis de Corrientes, José Adolfo Larregain, confirmó que fue promulgado el decreto de nulidad del matrimonio celebrado el 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya entre dos personas trans, al considerar que no reunió los requisitos establecidos por el Código de Derecho Canónico.

La decisión se conoció luego de que la ceremonia tuviera difusión pública y generara repercusiones tanto dentro como fuera del ámbito eclesiástico.

Fundamentos del decreto

En declaraciones a ACI Prensa, Larregain explicó que el decreto declara formalmente la nulidad al entender que no se configuraron las condiciones esenciales para la validez del sacramento del matrimonio.

Sostuvo que, según la normativa canónica, todo sacramento requiere “materia y forma”, y que en este caso no se verificaron esos elementos constitutivos.

El arzobispo argumentó que la Iglesia, en su potestad ordinaria, debe custodiar los sacramentos y actuar cuando considera que no se cumplen los requisitos exigidos por el derecho eclesial.

Repercusiones y postura de la pareja

La celebración fue protagonizada por Solange Ayala e Isaías Díaz, quienes habían realizado el cambio registral de nombre y género en el Documento Nacional de Identidad en el marco de la legislación argentina vigente.

Días antes de la confirmación oficial, Ayala señaló en diálogo con Radio Sudamericana que no había recibido notificación formal sobre la nulidad. “Nos enteramos por los medios”, expresó, y agregó que no fueron contactados ni por la parroquia ni por el Arzobispado.

La controversia también incluyó versiones sobre posibles medidas disciplinarias, aunque desde la Iglesia aclararon que se actuó conforme al procedimiento previsto.

Marco canónico y cierre del trámite

Larregain indicó que el decreto no crea una nueva situación, sino que declara una nulidad que —según su interpretación— existía desde el momento mismo de la celebración por no cumplir con el carácter sacramental.

En ese contexto, mencionó además el documento Fiducia Supplicans, publicado en 2023 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, como referencia doctrinal sobre la administración de sacramentos.

Con la promulgación del decreto, el Arzobispado dio por concluido el trámite en el ámbito eclesiástico. El caso, sin embargo, mantiene repercusión pública por el debate que abre sobre identidad de género y normativa religiosa en Argentina.

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