El Gobierno nacional avanza en la definición de multas contra los sindicatos de trenes y colectivos que se sumaron al paro convocado por la CGT, pese a tener vigente una conciliación obligatoria.

La medida alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad, cuyos conflictos salariales estaban bajo intervención formal de la Secretaría de Trabajo. Desde el Ejecutivo sostienen que el incumplimiento del procedimiento legal habilita la aplicación de sanciones económicas.

Sanciones por incumplir la conciliación obligatoria

La decisión se gestiona en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero. Allí realizan los cálculos técnicos para determinar el monto de la multa.

El criterio oficial toma en cuenta la cantidad de trabajadores que interrumpieron tareas durante la jornada de protesta. El objetivo, explican, es fijar una sanción proporcional al impacto generado en el servicio de transporte público.

Desde el Gobierno remarcan que no se trata de una represalia política, sino del cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Cambio de estrategia: de la personería a la multa

En un primer momento, la administración nacional evaluó avanzar con la quita de la personería gremial. Sin embargo, esa alternativa fue descartada por los plazos administrativos y la posibilidad de judicialización.

En su lugar, se optó por imponer una multa económica. La advertencia oficial es que, en caso de no acatar la sanción, podría retomarse la opción más severa.

La conciliación obligatoria de la UTA fue dictada el 10 de febrero y se extiende hasta el 26 del mes. En el caso de La Fraternidad, había sido dispuesta el 4 de febrero por un plazo similar.

Reforma laboral y clima sindical

El paro se realizó en rechazo al proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda tratamiento en el Senado.

En la Casa Rosada interpretaron que el nivel de adhesión fue menor al esperado y destacaron que el funcionamiento del transporte no se vio completamente paralizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el sindicalismo anticiparon que podrían judicializar cualquier sanción que consideren improcedente.

Qué puede pasar ahora

Una vez fijado el monto, la Secretaría de Trabajo notificará formalmente a los gremios. Si las organizaciones impugnan la medida, el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial.

Mientras tanto, el Gobierno busca enviar una señal al movimiento sindical en medio del debate por la reforma laboral y las negociaciones salariales abiertas en distintos sectores.

#ParoTransporte #UTA #LaFraternidad #ConciliaciónObligatoria #ReformaLaboral