El Congreso peruano resolvió destituir al presidente José
Jerí en una sesión extraordinaria que se extendió por más de cuatro horas.
La moción fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y
3 abstenciones. Con esta decisión, Perú suma su séptimo mandatario en una
década, reflejo de una persistente inestabilidad institucional.
Previamente, un intento para modificar el procedimiento y
encaminar el proceso hacia una vacancia presidencial fue rechazado por la
mayoría parlamentaria.
Investigaciones y denuncias
La salida de Jerí se produjo en un contexto de
investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y cuestionamientos
sobre contrataciones en el Palacio de Gobierno.
Uno de los ejes del escándalo fueron reuniones no
registradas con empresarios chinos y designaciones bajo el Fondo de Apoyo
Gerencial (FAG), un mecanismo destinado a perfiles técnicos de alta
especialización.
La Contraloría solicitó documentación vinculada a esos
contratos y la Fiscalía Anticorrupción abrió actuaciones preliminares para
determinar responsabilidades.
El impacto del “Chifagate”
La crisis se profundizó tras la difusión de imágenes del
mandatario ingresando sin registro oficial a un restaurante en Lima para
reunirse con un empresario asiático con contratos estatales.
El episodio, conocido públicamente como “Chifagate”,
aceleró el deterioro político. Encuestas privadas mostraron un fuerte
incremento en la desaprobación presidencial durante el último mes.
A ello se sumaron denuncias mediáticas sobre supuestas
irregularidades en designaciones y cuestionamientos vinculados al entorno del
exmandatario.
Qué ocurre ahora en Perú
Tras la destitución, se activa el mecanismo constitucional
de sucesión. El titular del Congreso deberá asumir interinamente la Presidencia
hasta la elección de una nueva conducción parlamentaria y la transición
prevista para el 28 de julio.
La nueva votación para definir autoridades legislativas fue
convocada para hoy.
La crisis abre un nuevo capítulo de incertidumbre política
en Perú, en un escenario marcado por investigaciones judiciales en curso y un
creciente reclamo ciudadano por estabilidad institucional.
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