La investigación por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumará una nueva etapa en marzo, cuando la Justicia avance con el análisis de celulares, computadoras y servidores incautados en la sede de la droguería Suizo Argentina.

La medida se enmarca en el expediente que ya tiene 19 procesados por administración fraudulenta y presunta cartelización en contrataciones vinculadas al Programa Federal Incluir Salud.

Sospechas sobre licitaciones direccionadas

La causa investiga un esquema de 21 licitaciones “acotadas” que, entre 2024 y 2025, representaron órdenes de compra por más de $30.300 millones.

Según el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello, dos firmas concentraron más del 93% de las adjudicaciones en ese período. Otras empresas también habrían tenido participación relevante en 2024 y 2025.

La hipótesis judicial apunta a determinar si algunas droguerías beneficiadas actuaron como intermediarias sin capacidad operativa real y si un “proveedor en las sombras” abastecía los medicamentos comprometidos.

El rol de la droguería Suizo Argentina

En ese contexto, el fiscal Carlos Picardi profundizará la línea que busca establecer si la Suizo Argentina tuvo vinculación directa con las firmas que resultaron adjudicatarias.

Durante los allanamientos, se constató que algunas empresas investigadas no contaban con infraestructura acorde ni stock suficiente para afrontar contratos millonarios. La sospecha es que podrían haber tercerizado la provisión.

Desde la droguería Suizo Argentina rechazaron las acusaciones. Su abogado, Martín Magram, afirmó que la venta entre droguerías es una práctica legal y negó que la empresa haya intervenido en operaciones vinculadas a licitaciones con presuntos sobreprecios.

Un abogado bajo la lupa

El expediente también menciona a un letrado de la compañía, señalado como un actor clave en el presunto entramado. En conversaciones incorporadas a la causa aparece el apodo “Helvético”, que los investigadores vinculan con un abogado y directivo de la firma.

Se analiza si existió coordinación entre proveedores y exfuncionarios de la ANDIS para direccionar contrataciones y desplazar a funcionarios técnicos que obstaculizaban el esquema.

La defensa sostiene que no hay pruebas que acrediten esa participación ni que identifiquen de manera explícita al abogado mencionado en los intercambios.

Cambio de juez y próxima etapa

Tras un sorteo en la Cámara Federal, el expediente quedó ahora a cargo del juez Ariel Lijo, quien continuará la investigación iniciada por Casanello.

La apertura y peritaje de los dispositivos electrónicos será clave para determinar si existieron vínculos operativos o financieros entre Suizo Argentina y las droguerías adjudicatarias.

Con procesamientos ya dictados y planteos de nulidad en análisis, la causa ingresa en una fase decisiva que podría ampliar responsabilidades o redefinir el alcance de la investigación.

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