Un jurado popular declaró culpables a dos policías de Entre
Ríos por abuso sexual contra dos adolescentes que estaban bajo resguardo del
Estado. El veredicto se conoció ayer en los tribunales de Paraná, tras seis
jornadas de debate.
Las penas se fijarán el próximo 20 de febrero en la
audiencia de cesura. Hasta entonces, los condenados seguirán detenidos en la
Unidad Penal N°1 de la capital provincial.
Los hechos juzgados
El caso se remonta a la madrugada del 5 de julio de 2016.
Según la acusación, los abusos ocurrieron en un vagón de tren perteneciente a
la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes de
Paraná.
Las víctimas tenían 13 y 15 años y estaban alojadas en la
Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el
Adolescente y la Familia (Copnaf). Ambas se encontraban bajo protección estatal
por situaciones de violencia intrafamiliar.
La investigación se inició a partir de la denuncia de la
Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, luego de que una de las jóvenes
acudiera al Hospital San Roque con lesiones compatibles con abuso sexual.
Quiénes fueron condenados
Los acusados, Ezequiel Alejandro García y Samuel Enrique
Morel, integrantes de la Policía de Entre Ríos, fueron juzgados por abuso
sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionarios públicos.
García fue considerado autor del delito, mientras que Morel
fue declarado partícipe necesario. Durante el proceso, la causa también
involucró a otros cinco efectivos.
Dos policías fueron sobreseídos y tres recibieron condenas
de ejecución condicional mediante juicios abreviados por omisión de actuar ante
un delito en flagrancia.
El juicio y lo que viene
El debate se realizó bajo la modalidad de jurado popular,
con audiencias a puertas cerradas para preservar la intimidad de las víctimas,
como establece la legislación en delitos contra la integridad sexual.
La audiencia de cesura para determinar las penas se
realizará el 20 de febrero a las 9. El juez técnico dispuso que la situación
procesal de los condenados no se modifique hasta entonces.
El caso llegará así a su etapa final casi diez años después
de los hechos, en un proceso que puso en foco la responsabilidad institucional
y la protección de menores bajo tutela estatal.
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