El gobierno de Uruguay inició un plan de venta de tres residencias oficiales en el exterior como parte de una política de ahorro impulsada por la Cancillería.

Las propiedades están ubicadas en Washington D.C., Lima y Madrid, tres destinos estratégicos para la política exterior uruguaya.

La decisión fue comunicada a los embajadores, quienes deberán avanzar en el proceso de comercialización de los inmuebles.

Instrucción oficial y fundamentos económicos

El canciller Mario Lubetkin instruyó formalmente a los jefes diplomáticos para que inicien los trámites de venta.

El Ministerio de Economía, encabezado por Gabriel Oddone, había identificado activos inmobiliarios de alto valor en el exterior que podrían convertirse en liquidez para aliviar las cuentas públicas.

Tras concretarse las operaciones, los embajadores pasarán a residencias alquiladas, como ocurre en la mayoría de las representaciones uruguayas.

Propiedades en zonas de alto valor

En Madrid, la residencia está situada en el tradicional barrio de Argüelles, una zona residencial cercana a espacios emblemáticos y con un valor inmobiliario elevado.

En Lima, la sede se encuentra en San Isidro, el principal distrito financiero de la capital peruana, caracterizado por inmuebles de alta gama.

En Washington, el edificio diplomático está en el Distrito de Columbia, en un área próxima a la Casa Blanca y organismos internacionales. Allí también funciona el consulado y un espacio cultural vinculado a la promoción de tradiciones uruguayas.

Reordenamiento de gastos y tensiones internas

El ajuste no se limita a la venta de inmuebles. La Cancillería dispuso un reordenamiento de partidas presupuestarias en embajadas y consulados, con la fusión de rubros y límites más estrictos para contrataciones.

También se redujo el número de empleados destinados a tareas domésticas en las residencias oficiales, una medida que generó cuestionamientos en el cuerpo diplomático.

Entre quienes plantearon reparos estuvo el embajador en Buenos Aires, Diego Cánepa, quien advirtió sobre el impacto operativo y laboral que podrían tener las restricciones.

Posteriormente, el gobierno introdujo modificaciones para diferenciar entre residencias alquiladas y aquellas que son propiedad del Estado, permitiendo mayor flexibilidad en estas últimas.

Qué hará Uruguay con los fondos

El Ejecutivo prevé destinar los recursos obtenidos a reforzar infraestructura diplomática y mejorar la sede central de la Cancillería en Montevideo.

La medida forma parte de un proceso más amplio de revisión del gasto público en el exterior. En las próximas semanas podrían conocerse detalles sobre los plazos de venta y el destino específico de los fondos.