La Cámara de Diputados aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra la reforma del Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por Patricia Bullrich y respaldada por PRO, UCR, LLA y bloques provinciales, ahora avanzará al Senado.

La medida busca responder a delitos graves cometidos por menores, garantizando penas hasta 15 años por homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para infracciones menores, prevé sanciones alternativas, como servicios comunitarios y monitoreo electrónico.

Derechos y garantías para jóvenes y víctimas

El proyecto incluye la creación de institutos especiales para menores condenados, con educación, atención médica y tratamiento en adicciones, separados de adultos detenidos. Además, se incorpora la suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil en infracciones leves.

Se refuerza también la participación de las víctimas: derecho a ser informadas, asesoradas, escuchadas y a participar de instancias restaurativas, con apoyo psicológico y legal durante todo el proceso.

Debate y controversias

El proyecto generó críticas desde el peronismo, que cuestiona que la reducción de edad no soluciona el problema integral de inseguridad ni aborda educación y salud mental. Líderes libertarios y familiares de víctimas defendieron la medida como necesaria para que los jóvenes comprendan la responsabilidad de sus actos.

La ley contempla un presupuesto total de más de $23.700 millones para su implementación, con aportes para el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.

Próximos pasos

Tras la media sanción en Diputados, el Régimen Penal Juvenil será discutido en el Senado. Su aprobación definitiva marcará un cambio histórico en la normativa penal juvenil argentina, impactando tanto en políticas de seguridad como en la protección de derechos de adolescentes y víctimas.

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