Los fiscales de San Juan comenzarán a utilizar chalecos antibalas como parte de su equipamiento habitual en investigaciones penales y operativos en territorio. La decisión apunta a fortalecer la integridad física del personal judicial que interviene en situaciones sensibles y de alto riesgo.

La medida fue resuelta por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Guillermo Baigorrí, y alcanza tanto a fiscales coordinadores como a fiscales de caso que participan activamente en causas complejas.

Convenio con el área de Seguridad

La implementación se da en el marco de un convenio de reciprocidad firmado con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia. A través de este acuerdo, formalizado en diciembre pasado, el equipamiento fue entregado en calidad de comodato.

Desde el organismo judicial destacaron que este mecanismo permitió contar con los chalecos de manera inmediata, sin demoras administrativas, y avanzar en una política preventiva.

Características del equipamiento

El lote incluye 40 chalecos antibala confeccionados con material balístico de Kevlar, nivel de protección RB-3, y homologados bajo normativa nacional vigente. Los modelos están diseñados para uso unisex y permiten movilidad durante operativos y diligencias judiciales.

Según se informó oficialmente, el uso será obligatorio cuando las circunstancias lo ameriten, especialmente en procedimientos donde exista riesgo de agresiones o presencia de armas.

Un contexto de mayor exposición

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el crecimiento de situaciones violentas obliga a reforzar las condiciones de seguridad de quienes cumplen funciones clave en el sistema judicial. En ese sentido, remarcaron que los fiscales suelen intervenir en allanamientos, inspecciones y actuaciones en zonas conflictivas.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia orientada a anticiparse a hechos graves y garantizar que las investigaciones se desarrollen con mayores niveles de protección institucional.

Próximos pasos

Las autoridades no descartan ampliar la provisión de equipamiento de seguridad a otros actores del sistema judicial en el futuro, en función de evaluaciones de riesgo y disponibilidad de recursos.

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