Claudio “Chiqui” Tapia ratificó ante la Justicia bonaerense una denuncia por extorsión y negó cualquier relación con una mansión ubicada en Pilar, valuada por peritos en 17 millones de dólares.

El presidente de la AFA declaró bajo juramento y se desligó de la propiedad investigada, señalando que no integra su patrimonio ni el de su entorno familiar.

La causa por la vivienda en Pilar

La investigación se centra en una residencia ubicada en Villa Rosa, donde también se halló una colección de vehículos de alta gama. La propiedad figura a nombre de terceros y fue tasada por peritos judiciales muy por encima del valor declarado.

El expediente está a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Hasta el momento, no hubo imputaciones formales contra Tapia ni otros dirigentes de la AFA.

Denuncia por extorsión y señalados

Tapia denunció por extorsión a dirigentes de la Coalición Cívica y al empresario Leandro Camani. Según su presentación, las acusaciones públicas en su contra formarían parte de presiones para condicionar decisiones administrativas.

El titular de la AFA sostuvo que las maniobras no se vinculan con su rol en el fútbol, sino con su función como presidente del CEAMSE.

El trasfondo de las fotomultas

Durante su declaración, Tapia explicó que el conflicto se originó tras detectar cámaras de fotomultas instaladas en el Camino del Buen Ayre sin autorización ni respaldo contractual vigente.

Al no existir licitación ni aval legal, ordenó interrumpir el suministro eléctrico de los dispositivos. A partir de esa decisión, afirmó, comenzaron amenazas y advertencias de exposición mediática.

Presiones y campaña pública

Tapia identificó al empresario Camani como quien habría ejercido presiones para reactivar el sistema de fotomultas. Entre las amenazas, mencionó la difusión de información personal y supuestos vínculos patrimoniales.

También vinculó la escalada mediática a intereses económicos relacionados con contratos y licitaciones que no prosperaron.

La estrategia de la defensa

El abogado Gregorio Dalbón acompañó la ratificación de la denuncia y pidió investigar posibles delitos de amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta.

Desde la defensa sostienen que la causa abrió una investigación penal con alcance amplio, que ahora analizará vínculos, movimientos económicos y responsabilidades individuales.

Qué puede pasar ahora

Con la declaración incorporada al expediente, la Justicia avanzará en medidas de prueba para determinar si existió un esquema de presiones organizado. El avance de la investigación definirá el futuro judicial de los denunciados y el alcance de las acusaciones cruzadas.