El Gobierno nacional resolvió la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan luego de concluir los sumarios administrativos por la toma de oficinas ocurrida en octubre de 2025. Diez de los sancionados son delegados gremiales y cuentan con tutela sindical, por lo que la medida quedará sujeta a una definición judicial.

La decisión fue adoptada tras una investigación interna que evaluó responsabilidades individuales en el marco de un conflicto laboral vinculado a descuentos salariales por medidas de fuerza.

Qué ocurrió durante la ocupación

Según el informe oficial, el 31 de octubre de 2025 delegados sindicales y una trabajadora ingresaron a la Dirección Médica del hospital y ocuparon el área durante varias horas. La acción derivó en la interrupción de tareas administrativas y afectó el normal funcionamiento institucional.

La reconstrucción administrativa consignó además episodios de agresiones verbales, la permanencia forzada de personal en el lugar y la negativa a acatar indicaciones de seguridad para desalojar las oficinas.

Resultado de los sumarios internos

A partir del episodio, el Hospital Garrahan inició 44 sumarios administrativos. Tras varios meses de análisis de testimonios, registros internos y material audiovisual, el Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas.

En la mayoría de los casos se dispusieron sanciones menores. Sin embargo, en once situaciones se determinó la cesantía al considerar probado un rol activo en la organización y conducción de la toma.

Quiénes están alcanzados por la medida

La nómina incluye a diez delegados gremiales pertenecientes a ATE y APyT, y a una trabajadora sin representación sindical. En los casos con tutela gremial, la desvinculación solo podrá concretarse si la Justicia autoriza el levantamiento de esa protección legal.

La única empleada sin tutela podrá ser desvinculada una vez finalizado el proceso administrativo, indicaron fuentes oficiales.

Posturas enfrentadas y próximos pasos

Desde el hospital señalaron que la ocupación puso en riesgo el funcionamiento de una institución sanitaria de alta complejidad y remarcaron que no se permitirá afectar la atención de los pacientes. En tanto, las organizaciones gremiales anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías y continuar con medidas de reclamo.

El conflicto permanece abierto a la espera de la intervención judicial, que definirá si se ejecutan los despidos de los delegados sindicales y marcará el alcance final de las sanciones en el principal hospital pediátrico del país.

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