La Conferencia Episcopal Argentina fijó posición frente al proyecto del Gobierno que impulsa la baja de la edad de imputabilidad penal. En un comunicado, sostuvo que la medida no debe ser considerada la única respuesta frente a delitos cometidos por menores.

La Iglesia expresó su acompañamiento a las víctimas y sus familias, pero advirtió que enfocar el debate solo en la edad penal puede dejar de lado políticas clave vinculadas a la educación, la contención y la integración social.

Prevención y acompañamiento como ejes

Bajo el lema “Más oportunidades que penas”, el documento retoma planteos de la Pastoral Social y plantea interrogantes sobre las condiciones del sistema para alojar y reinsertar a adolescentes en conflicto con la ley.

Los obispos remarcaron la necesidad de un régimen penal juvenil con una mirada integral, centrada en la dignidad humana y orientada a generar oportunidades reales de desarrollo.

Educación y comunidad

El pronunciamiento destacó el valor de modelos educativos basados en la cercanía, el trabajo y la vida comunitaria, como el impulsado por san Juan Bosco, a 150 años de la presencia salesiana en la Argentina.

Según la Conferencia Episcopal, la prevención del delito juvenil requiere un Estado presente, familias acompañadas y comunidades comprometidas, más allá de las respuestas punitivas.

El debate en el Congreso

La discusión sobre la edad de imputabilidad fue incluida por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. El proyecto propone fijar la responsabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves.

La iniciativa contempla penas diferenciadas, alternativas a la prisión para hechos leves y la creación de institutos especializados para menores, con acceso garantizado a educación y atención sanitaria.

Un debate abierto

Desde la Iglesia señalaron que el tratamiento legislativo debe ser amplio y plural, y que las soluciones duraderas requieren políticas públicas sostenidas que apunten a la prevención del delito juvenil y a la inclusión social.

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