La Argentina enfrenta desde esta semana una nueva demanda judicial en Estados Unidos vinculada a los cupones atados al PBI, luego de que el fondo Aurelius Capital Management reactivara un reclamo por unos USD 2.600 millones ante tribunales de Nueva York. La causa, basada en supuestos errores deliberados en el cálculo del crecimiento económico de 2013, vuelve a colocar al país bajo presión financiera y legal en un contexto de negociaciones abiertas con acreedores y organismos internacionales.

El litigio tiene origen en los bonos vinculados al PBI emitidos durante las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que contemplaban pagos adicionales si la economía superaba determinados umbrales de crecimiento. Aurelius sostiene que en 2013 el Indec modificó el año base de precios de manera que redujo artificialmente la tasa de crecimiento real y evitó el pago de esos cupones. El fondo, que había firmado el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri en 2016 para salir del default, inició la primera demanda en 2019 y desde entonces ha insistido en distintas presentaciones procesales.

Según estimaciones de Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, el monto reclamado asciende a USD 2.600 millones, de los cuales cerca de la mitad corresponde a intereses acumulados. La causa está nuevamente en manos de la jueza Loretta Preska, quien también interviene en el juicio por la expropiación de YPF, donde la Argentina ya recibió un fallo adverso por unos USD 18.000 millones con intereses. Aurelius argumenta además que sentencias definitivas dictadas en tribunales del Reino Unido en 2024, aún impagas, deberían ser consideradas vinculantes en Estados Unidos, lo que podría fortalecer su posición.

El avance del expediente abre varios escenarios posibles: desde una nueva ronda de apelaciones hasta eventuales instancias de negociación si la justicia estadounidense habilita medidas de ejecución. Mientras tanto, el reclamo sigue siendo observado por el Fondo Monetario Internacional como un pasivo contingente relevante. La resolución del caso será clave para definir el frente legal externo de la Argentina en 2026 y su capacidad para contener nuevos reclamos de acreedores especializados en litigios de deuda soberana.

Imagen: ctacapital.org

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