El Gobierno nacional y la administración de Chubut atribuyeron los incendios forestales que afectan al norte de la provincia a acciones intencionales y señalaron la presencia de grupos radicalizados en las zonas donde se iniciaron los focos, uno de los cuales ya tiene origen provocado confirmado. El fuego, que continúa activo en dos frentes, consumió más de 2.200 hectáreas y obligó a reubicar a familias, mientras se despliega un operativo conjunto para contenerlo.

La emergencia se inscribe en una secuencia de incendios reiterados en la Patagonia durante los últimos veranos, en un contexto de altas temperaturas, sequía y expansión de áreas turísticas y productivas. Según informó el gobernador Ignacio Torres, la investigación judicial provincial se inició de oficio y reúne pruebas técnicas que descartan causas naturales. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se indicó que no se registraron tormentas ni descargas eléctricas en la zona y que se detectaron acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de intencionalidad.

Las autoridades nacionales mencionaron la existencia de comunidades autoproclamadas mapuches y grupos radicalizados con antecedentes de violencia, sin imputaciones individuales directas, y enmarcaron los hechos en prácticas que afectan la seguridad pública, la propiedad privada y la actividad turística. La provincia anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información verificable sobre la autoría del incendio en Puerto Patriada.

El impacto inmediato alcanza a pobladores reubicados, productores y al sector turístico, clave para la economía regional. En términos ambientales, la pérdida de superficie forestal compromete ecosistemas sensibles y demanda años de recuperación. El operativo incluye aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas y equipamiento pesado coordinados entre Nación y provincia.

La investigación judicial buscará identificar responsables y definir imputaciones penales, mientras se evalúa el endurecimiento de sanciones para delitos ambientales. En el corto plazo, las autoridades priorizan la contención total de los focos y la asistencia a los damnificados. A mediano plazo, el debate se trasladará a la prevención, el control territorial y la convivencia con comunidades legalmente reconocidas, que el propio gobierno provincial diferenció de los grupos violentos señalados. La evolución del caso marcará el enfoque de seguridad y política ambiental en la región patagónica durante la temporada estival.

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