Un ciudadano venezolano de 35 años, identificado como JFPV,
fue detenido el 20 de diciembre de 2025 por la Prefectura Naval Argentina en el
puerto de Ituzaingó, Corrientes, cuando intentaba trasladarse por vía fluvial a
Paraguay sin documentación. La verificación de antecedentes confirmó que había
sido expulsado de Estados Unidos por vínculos con el Tren de Aragua,
organización criminal venezolana declarada terrorista por Washington en 2025,
lo que activó una causa federal y un proceso de expulsión del país.
El caso se inscribe en el refuerzo de controles migratorios
y de seguridad dispuesto por el Gobierno nacional desde 2024, con foco en
fronteras terrestres, fluviales y aeropuertos. La medida busca impedir el
ingreso o permanencia de personas asociadas a organizaciones criminales
transnacionales y a estructuras del régimen venezolano. El Tren de Aragua,
surgido en el estado homónimo de Venezuela, expandió sus operaciones en
Sudamérica y América del Norte, con delitos que incluyen tráfico de personas,
extorsión y violencia armada.
Según la documentación incorporada a la causa, JFPV integró
la Compañía 4208 EMEA del Ejército de Venezuela, una unidad logística vinculada
a operaciones aéreas y paracaidismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El propio detenido afirmó haber salido de Venezuela de manera ilegal en 2017.
Las autoridades argentinas confirmaron además que fue
arrestado en Estados Unidos el 16 de junio de 2024 y posteriormente expulsado.
En Canadá, específicamente en el municipio de Peel, provincia de Ontario,
registra un pedido de arresto por causas vinculadas a lesiones con arma blanca
agravadas y amenazas. En Argentina, permanece detenido por orden del juez
federal Gustavo Fresneda, mientras la Dirección Nacional de Migraciones dispuso
su expulsión, medida que aún puede ser impugnada por la defensa oficial.
JFPV continuará alojado en dependencias de la Prefectura de
Ituzaingó al menos hasta el 26 de febrero de 2026, mientras se resuelven las
instancias judiciales y administrativas pendientes. El caso podría derivar en
un proceso de cooperación internacional para su traslado o expulsión, y se suma
a otras investigaciones abiertas sobre el ingreso irregular de personas con
antecedentes penales en la región, en un contexto de mayor coordinación entre
fuerzas federales, Migraciones e Interpol.
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