La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que Lázaro
Báez continúe detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y rechazó
el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa, al considerar que
no se verifican riesgos médicos ni razones humanitarias que justifiquen una
excepción al régimen carcelario. La decisión, adoptada a más de un año de su
detención efectiva, confirma que el empresario condenado por corrupción
cumplirá su pena en el pabellón “K” del penal.
Báez enfrenta sentencias firmes en dos de las causas más
relevantes de corrupción de las últimas décadas: “Vialidad” y “La Ruta del
Dinero K”, por las que fue condenado a un total de 15 años de prisión. Su
situación judicial se inscribe en el cierre de un ciclo de investigaciones
iniciadas tras el cambio de signo político en el país, que derivaron en
condenas confirmadas por tribunales superiores. El pedido de arresto
domiciliario se apoyó en su edad —69 años— y en un cuadro de salud que incluye
diabetes, hipertensión, asma y antecedentes cardíacos.
El fallo, firmado por mayoría por los jueces Javier Carbajo
y Ángela Ledesma, sostuvo que los informes del Cuerpo Médico Forense y del
Servicio Penitenciario Federal concluyeron que Báez se encuentra clínicamente
estable y que sus patologías pueden ser tratadas dentro del sistema
penitenciario. Los magistrados descartaron que exista un riesgo concreto para
su vida y señalaron que el penal cuenta con infraestructura sanitaria, guardia
médica permanente y capacidad de respuesta ante emergencias.
La resolución también desestimó el argumento vinculado a la
situación familiar del condenado, al considerar que no se acreditó un estado de
desamparo de los menores a cargo de su pareja ni una imposibilidad material de
sostener el núcleo familiar sin su presencia.
Con esta decisión, Báez continuará cumpliendo su condena en
un pabellón común de Ezeiza, tras dejar el Hospital Penitenciario Central. A
corto plazo, su defensa aún podría intentar planteos ante la Corte Suprema,
aunque sin efectos suspensivos automáticos. En paralelo, el empresario tiene
otra condena confirmada en Casación —por el caso “El Entrevero”— que aguarda
revisión del máximo tribunal, lo que mantiene abierto su frente judicial. El
caso sigue siendo un punto de referencia en la agenda judicial y política
vinculada a la corrupción estructural en la obra pública argentina.
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