La confirmación oficial de la muerte del dirigente opositor Alfredo Díaz volvió a encender las alarmas sobre el trato a los presos políticos en Venezuela. El ex gobernador de Nueva Esparta, detenido desde 2024 por cargos de “terrorismo”, falleció el sábado tras sufrir un presunto infarto, según el régimen de Nicolás Maduro.

La familia sostiene que Díaz presentaba problemas cardíacos previos y denunció que durante su encarcelamiento no recibió la atención médica adecuada. Su hija, Daliannys Díaz, aseguró que el político padeció desmayos, falta de oxígeno y episodios de convulsiones, advertencias que —según apuntó— fueron ignoradas por las autoridades penitenciarias.

El hecho desató una ola de críticas internacionales. Estados Unidos responsabilizó directamente al gobierno venezolano y calificó el caso como una nueva muestra de la “naturaleza vil” del régimen. La denuncia llega en un contexto de tensión creciente en el Caribe, donde fuerzas estadounidenses ejecutan operaciones antinarcóticos interpretadas por Caracas como un gesto hostil.

Dirigentes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia calificaron la muerte de Díaz como parte de un “patrón sistemático de represión”, denunciando torturas, aislamiento y negación de asistencia médica. Señalaron que desde 2024 ya son siete los presos políticos fallecidos bajo custodia estatal.

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, insistieron en la necesidad de una investigación independiente y recordaron que, desde 2014, al menos 17 detenidos por motivos políticos murieron bajo custodia. Con 887 presos políticos registrados actualmente, los defensores afirman que el sistema carcelario se ha convertido en un instrumento de persecución y silenciamiento.

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