El stock de juicios laborales volvió a encender las alarmas en el sector empresario y en el sistema judicial. Un informe privado reveló que los expedientes activos por despidos y riesgos del trabajo ya suman cerca de 640.000 causas en trámite, una cifra que reaviva la discusión en torno a la reforma laboral que el Gobierno busca tratar en sesiones extraordinarias.

El dato cobra fuerza tras un reciente fallo que concedió una indemnización millonaria a un empleado gastronómico, caso que expuso los efectos combinados de la prohibición de despidos durante la pandemia y los sistemas de actualización vigentes. Para especialistas, esta sentencia funciona como ejemplo de un esquema que genera pasivos difíciles de afrontar.

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, más de 308.000 juicios corresponden a riesgos del trabajo y otros 329.000 a despidos. Al relacionar ese volumen con los 6,3 millones de asalariados registrados, se obtiene una proporción que inquieta: los litigios pendientes equivalen al 10% del empleo formal.

La presión también alcanza al sistema de aseguradoras, donde algunos operadores ya enfrentan restricciones debido al peso de los juicios acumulados. Voces del sector reclaman una revisión urgente de los mecanismos de indexación e intereses, que en un contexto inflacionario multiplican los montos reclamados.

Mientras tanto, el Banco Central analiza una nueva tasa de intereses moratorios para ordenar el cálculo de actualizaciones. Sin embargo, la definición final aún genera debate y condiciona el avance de la reforma laboral, que deberá incorporar respuestas para un pasivo judicial que sigue creciendo sin freno.

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