La disputa judicial por la expropiación de YPF ingresa en horas decisivas. El próximo martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá si mantiene o suspende la orden que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal, reclamadas por Burford Capital.

El fallo de primera instancia condenó al país a pagar USD 16.000 millones, cifra que con intereses asciende a USD 18.000 millones. La defensa argentina apeló, pero la jueza Loretta Preska podría exigir la entrega accionaria incluso con el proceso pendiente, algo que el Gobierno busca frenar sin ofrecer garantías.

Si la Corte rechaza la suspensión, Argentina podría acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, un revés judicial y la falta de respuesta oficial abrirían la puerta a un desacato, con sanciones económicas y posibles trabas a futuras emisiones de deuda.

Burford, que adquirió los derechos de litigio, insiste en cobrar o negociar y descarta aceptar garantías distintas a las acciones. En 2014, una situación similar derivó en multas diarias contra el país. Esta vez, el monto podría ser mayor y las consecuencias, más severas.

Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene un hermetismo total sobre su estrategia, aunque fuentes cercanas al caso admiten que cada día de demora incrementa el monto a pagar. El resultado del martes marcará el rumbo del conflicto más costoso que enfrenta la Argentina en tribunales internacionales.

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