La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el organismo
que agrupa a los abogados del Estado, anunció una profunda reestructuración que
implicó el despido de más de 60 funcionarios y una drástica reducción de áreas
técnicas. Esta medida, dada a conocer anoche, llega luego de que la Casa Rosada
expresara fuertes sospechas de filtraciones y posible venta de información por
parte de empleados estatales en el marco del juicio por la expropiación de YPF
en Estados Unidos.
Si bien el comunicado oficial de la PTN no hizo mención
explícita a las filtraciones, sí destacó la eliminación de "lujos
jerárquicos" y la búsqueda de una administración pública más ágil y
eficiente. Santiago Castro Videla, Procurador del Tesoro, encabeza esta
reestructuración, que se enmarca en los lineamientos de la Ley de Bases y
Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, buscando consolidar la
austeridad y el profesionalismo.
La PTN, responsable de gestionar la causa de YPF y otros
litigios internacionales, detalló que, desde febrero de 2025, ya redujo su
personal en más de un 20%. Los cambios incluyen la reducción de seis a cuatro
Direcciones Nacionales y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del
Estado. Este último punto busca limitar la capacitación estrictamente al
fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de
la PTN, con un centro que operará con menos de un tercio del personal previo.
Aunque el Gobierno ha optado por no ratificar públicamente
la venta de información para evitar generar más ruido en el proceso judicial,
la preocupación en la Procuración surgió por la revelación no autorizada de
estrategias judiciales sensibles. La medida busca asegurar una gestión más
austera y autosuficiente, reasignando internamente funciones que antes se
tercerizaban, en un organismo que maneja causas de millones de dólares.