La Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea (UE), considerada una de las regulaciones más ambiciosas a nivel mundial para el uso ético y seguro de esta tecnología, enfrenta una fuerte resistencia a pocas semanas de su entrada en vigor, prevista para el 2 de agosto. Gigantes tecnológicos y varios líderes políticos europeos han exigido una pausa en su implementación, alegando incertidumbre jurídica, riesgos para la innovación y falta de claridad en aspectos fundamentales.

El principal foco de presión proviene de la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA) Europa, que agrupa a empresas de la talla de Alphabet (Google), Apple y Meta. Este consorcio sostiene que muchas de las reglas mencionadas en la Ley están sin definir, lo que crea un entorno incierto para el desarrollo tecnológico y podría frenar numerosos proyectos relacionados con la IA.

Para los líderes de estas grandes empresas, el enfoque actual de la legislación prioriza la mitigación de riesgos sobre la promoción del desarrollo, lo que podría comprometer la competitividad y la soberanía tecnológica europea.

Puntos de fricción y apoyo político a la postergación

Entre los puntos más polémicos de la Ley de IA figuran las exigencias sobre inteligencia artificial generativa. Estas incluyen la obligación de etiquetar el contenido creado con IA, distinguir los deepfakes, prevenir la generación de material ilegal y transparentar el uso de datos protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de modelos. Estas normativas han generado inquietud en la industria debido a sus posibles costos de cumplimiento, la ambigüedad legal y los riesgos de responsabilidad desproporcionados que implican.

La postura crítica de las tecnológicas ha encontrado eco en el ámbito político. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, fue el primer jefe de gobierno en pedir públicamente una postergación de la Ley. Considera que, sin estándares técnicos claros, la UE corre el riesgo de convertirse en un "museo" frente al dinamismo de potencias como Estados Unidos y China. Otros países como Polonia y la República Checa también han expresado reservas, aunque de forma menos abierta.

A pesar de esta presión creciente, desde Bruselas se insiste en que la Ley seguirá adelante. La comisaria Henna Virkkunen ha asegurado que la aplicación de la normativa será "muy favorable a la innovación" y que las preocupaciones de las partes interesadas están siendo consideradas.

El choque entre la regulación y el desarrollo tecnológico no es un fenómeno nuevo, pero el caso europeo podría sentar un precedente global. Mientras tanto, la cuenta regresiva hacia el 2 de agosto continúa.