El gobierno de Donald Trump anunció este sábado el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles. Esta medida se toma en respuesta a la intensificación de las protestas contra los operativos inmigratorios del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), que en la última jornada han registrado enfrentamientos violentos por segundo día consecutivo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que "el presidente Trump firmó un memorando presidencial para el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para controlar la anarquía que dejaron arraigarse”.

Por su parte, Tom Homan, zar de la frontera, comentó en diálogo con Fox News: “Estamos haciendo que Los Ángeles sea más seguro. La alcaldesa Bass debería agradecérnoslo. Ella dice que van a movilizarse, ¿adivinen qué? Nosotros ya nos estamos movilizando. Vamos a traer a la Guardia Nacional esta noche y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Se trata de hacer cumplir la ley”. Homan añadió que “Pueblo estadounidense, se trata de hacer cumplir la ley y, una vez más, no vamos a disculparnos por hacerlo”, ignorando así las críticas que la medida pudiera suscitar.

En paralelo, Donald Trump advirtió en su cuenta de Truth Social que “si el gobernador Gavin Newsom, de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, lo cual todo el mundo sabe que no pueden, entonces el Gobierno Federal intervendrá y resolverá el problema (de) DISTURBIOS Y SAQUEOS, como debe resolverse!!!”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también envió un “mensaje para los alborotadores de Los Ángeles: no nos detendrán ni nos frenarán. @Icegov seguirá haciendo cumplir la ley. Y si le ponen la mano encima a un agente del orden, serán procesados con todo el peso de la ley”.

Las tensiones aumentaron notablemente este sábado, cuando las autoridades migratorias de Estados Unidos ampliaron las redadas, especialmente en la zona de Paramount, al sureste de Los Ángeles. Durante la mañana, agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) allanaron una empresa en Paramount y, según activistas presentes, al menos 65 trabajadores fueron arrestados.

Estas maniobras encontraron una resistencia significativa por parte de los manifestantes, quienes se quejaban de la falta de comunicación de los detenidos con abogados y protestaban en general contra las acciones del ICE. Consignas de “fuera ICE” se repitieron constantemente.

El grupo de manifestantes se reunió frente a un parque industrial y bloqueó la salida de los vehículos federales, lo que derivó en choques con las autoridades. Durante más de dos horas, se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Además, los funcionarios recurrieron a estrategias de tipo militar para poder trasladar a los detenidos en más de dos docenas de camionetas de CBP, que no presentaban distintivos federales visibles.

En este contexto, también se reportaron detenciones de varios manifestantes, sumándose a la situación del día anterior cuando David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, resultó herido y arrestado mientras documentaba una redada en el centro de Los Ángeles.

La Casa Blanca respondió a estos sucesos defendiendo sus acciones y trasladando la responsabilidad a los líderes demócratas de Los Ángeles y California. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, acusó a los manifestantes de lanzar agresiones físicas contra los agentes del ICE, así como de pinchar neumáticos y dañar propiedades federales con grafitis. “La alcaldesa Karen Bass debe exigir el fin de esta violencia. La retórica violenta de los políticos ha ido demasiado lejos. Esta violencia contra el ICE debe cesar”, manifestó McLaughlin, quien remarcó que más de mil manifestantes rodearon el edificio federal la noche del viernes.