El Congreso Nacional se prepara para debatir una profunda reforma de la ley de Migraciones, impulsada principalmente por diputados del PRO y legisladores cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la expectativa de una iniciativa del Poder Ejecutivo anunciada por el presidente Javier Milei. Si bien aún no hay fecha oficial para el envío del proyecto desde la Casa Rosada, diversas propuestas ya circulan en la Cámara de Diputados con el objetivo de endurecer los requisitos de admisión y permanencia para extranjeros en el país.

La diputada radical Natalia Sarapura, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, confirmó que el debate sobre la reforma migratoria, anticipada por Milei en la apertura de sesiones ordinarias, podría demorarse. No obstante, el oficialismo espera señales de la Casa Rosada para avanzar con una agenda que busca modificar sustancialmente el régimen migratorio argentino.

El presidente Milei, en su discurso del 1° de marzo, fue contundente al señalar la necesidad de una "profunda reforma migratoria" para que Argentina sea un país "serio". En este sentido, adelantó que se exigirá el pago por los servicios utilizados a extranjeros con residencia transitoria o temporaria y se endurecerán las condiciones de deportación para aquellos que cometan delitos en el territorio nacional. En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó la intención de impedir el ingreso y expulsar a "malandras, ocupas y oportunistas".

Los puntos centrales de la reforma que el Ejecutivo pretende impulsar incluyen el establecimiento de una clara prioridad para los residentes argentinos en el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud. En concreto, se busca autorizar a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes y eliminar la atención médica gratuita en hospitales públicos para este grupo, con el objetivo de combatir el denominado "tour sanitario". Además, se prevé la incorporación de nuevos delitos como causales para impedir el ingreso o justificar la expulsión de inmigrantes no residentes.

En este contexto, varios diputados ya presentaron sus propias iniciativas para modificar la Ley de Migraciones (Ley 25.871). La diputada del PRO Silvana Giudici propone sustituir artículos clave, estableciendo subcategorías para los "residentes transitorios" y exigiendo a quienes ingresen al país la acreditación de un seguro de salud que cubra la totalidad de sus gastos médicos. Si bien reconoce los derechos civiles de los extranjeros consagrados en la Constitución Nacional, su propuesta busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública.

Por su parte, la diputada Patricia Vásquez (PRO) se enfoca en agilizar el trámite de expulsión de extranjeros, presentando datos estadísticos sobre el incremento de la población extranjera detenida por delitos, especialmente en casos de narcotráfico. Desde el bloque de Innovación Federal, la diputada Pamela Calletti (Salta) propone criterios más restrictivos para la admisión y permanencia de extranjeros, priorizando la seguridad y la soberanía nacional. En sintonía, el diputado libertario Santiago Pauli también presentó un proyecto para "regular la migración" bajo la órbita de la soberanía nacional.

A pesar del impulso de estos proyectos, el debate se anticipa complejo en una Cámara de Diputados cada vez más inmersa en la dinámica electoral, lo que podría dificultar la construcción de consensos entre los diferentes bloques y postergar la sanción de una nueva ley de Migraciones.

Por P.D.J.S.