La Cámara de Diputados de la Provincia vuelve a sesionar con un año electoral candente como telón de fondo. Hoy se realizará la primera reunión de tablas del período ordinario y, más allá de los pedidos de informe y de declaración de emergencia por parte de la oposición, tomará estado parlamentario la creación del sistema de justicia procesal juvenil.

La iniciativa, cuyo trámite se inició en la Cámara baja, devino con media sanción del Senado, aunque con modificaciones. El proyecto de ley crea el fuero penal del sistema de justicia juvenil y su procedimiento de actuación en el ámbito del Poder Judicial. Estará integrado por los órganos específicos y especializados que intervendrán en la investigación penal preparatoria, juzgamiento, revisión y ejecución de la sanción penal.

La ley alcanza a todos los menores de 18 años que se lo vincule a la comisión de un delito y que éste no corresponda a la jurisdicción federal. Cabe mencionar que la baja de imputabilidad forma parte del Código Penal cuyos proyectos se debaten en comisión en el Congreso de la Nación.

En tiempos de declaraciones de pedido de mano dura para los menores que cometen delitos, en la normativa que volverá a tomar estado parlamentario hoy en Diputados, se establece que dicha legislación procesal no debe contradecir ni entrar en conflicto con la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios y bases fundamentales del Sistema de Justicia Juvenil y de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El objeto de la propuesta consiste en asegurar "el ejercicio pleno de los derechos y garantías del debido proceso a las personas menores de 18 años de edad, a quienes de cualquier modo se los vincule con la comisión de una infracción a la ley penal, y además tendrá como eje principal la finalidad socioeducativa y restaurativa del sistema de justicia juvenil", según indica el texto modificado por el Senado de Corrientes.

Prevalece, además, una idea de mínima intervención estatal, ya que se restringe al máximo la aplicación de la ley penal con la promoción de medidas extrajudiciales o alternativas como mantener al adolescente en su núcleo familiar supeditado a su orientación y acompañamiento, o bajo la responsabilidad de un referente afectivo. También se propone fijar un régimen de acompañamiento comunitario, el que será ejecutado por organismos públicos, privados, mixtos o asociaciones civiles.

Otras de las alternativas a la privación de la libertad es que los adolescentes puedan estudiar, recibir orientación profesional, cursos y oficios. Un juez, además, puede solicitar que el menor se abstenga de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias que puedan ser consideradas perjudiciales.

El niño o adolescente en edad punible, sin embargo, puede ser imputado por un delito. Éste, a su vez, deberá ser asistido por un abogado defensor. El asesor de menores es una de las figuras que forman parte de este sistema.

Ahora bien, el régimen fija una serie de medidas de coerción que dependen del caso y el tipo de delito. Algunas consisten en pedir al menor que se abstenga de frecuentar determinados lugares y personas; comparecer periódicamente al Juzgado, Fiscalía, unidad judicial o autoridad que se disponga. También, se puede disponer de la privación de libertad provisional domiciliaria; privación de libertad provisional durante el fin de semana en centro especializado que determine el organismo administrativo competente; prestación de servicios a la comunidad; alojamiento en centros especializados; entre otras medidas.