El Gobierno británico cuestionó las medidas adoptadas por Argentina contra empresas y personas relacionadas con actividades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

La posición fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien calificó los procedimientos argentinos como “inaceptables” y “sin justificación legal”.

La funcionaria afirmó además que Londres y su red diplomática respaldan a las compañías y particulares alcanzados por las sanciones. También reiteró la postura británica sobre la soberanía del archipiélago y el derecho que, según el Reino Unido, tienen sus habitantes a desarrollar los recursos naturales.

El conflicto por el petróleo

La nueva disputa se produce luego de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Durante septiembre, el Ejecutivo inició procedimientos contra empresas y personas relacionadas con actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas. Posteriormente, amplió esas actuaciones a otros 15 involucrados, que se sumaron a los 45 alcanzados inicialmente.

La Cancillería sostiene que las normas argentinas alcanzan a las actividades realizadas en áreas que el país considera bajo su soberanía y que las compañías involucradas deben cumplir con la legislación nacional.

Qué sostiene cada país

El proyecto Sea Lion está relacionado con Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, compañías que participan de la iniciativa de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Desde Argentina se sostiene que esas operaciones implican la explotación de recursos en territorios y espacios marítimos cuya soberanía reclama el país. Londres, en cambio, respalda las actividades y sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.

La funcionaria británica afirmó que no se trata de la primera ocasión en que un gobierno argentino adopta medidas económicas contra actividades vinculadas con las islas y aseguró que la economía del archipiélago continúa desarrollándose.

“Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, sostuvo Kumaran.

También hubo un cruce por una guía británica

El enfrentamiento diplomático se intensificó después de que la Cancillería argentina rechazara una guía publicada por el Gobierno británico destinada a empresas que realizan negocios con las Islas Malvinas.

Argentina consideró que ese documento constituye un respaldo a actividades comerciales e hidrocarburíferas que el país considera ilegítimas. Además, sostuvo que ninguna decisión comercial privada ni una disposición de otro gobierno puede imponerse sobre la legislación argentina.

En paralelo, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado el 17 de septiembre, con el objetivo de ampliar las herramientas legales frente a actividades que el Ejecutivo considera una explotación ilegítima de recursos naturales.

La discusión se suma a otras medidas adoptadas durante septiembre, entre ellas el Decreto 868/2026, que estableció nuevos requisitos vinculados con determinados beneficios y permisos para actividades hidrocarburíferas.

El conflicto entre Argentina y Reino Unido continúa así atravesado por la disputa de soberanía sobre las islas y por el desarrollo de proyectos petroleros en la zona. Las próximas actuaciones administrativas, legislativas y diplomáticas determinarán cómo evoluciona este nuevo capítulo de la controversia.

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