Francia atravesó su sexto fin de semana consecutivo de
manifestaciones, con marchas en distintas ciudades y episodios de violencia en
París, Marsella y Lyon. Las movilizaciones expresaron el malestar por el
deterioro de los servicios públicos, el aumento del costo de vida y las
actuaciones de las fuerzas de seguridad.
Las cifras de asistencia mostraron diferencias entre las
autoridades y las organizaciones convocantes. El Ministerio del Interior
calculó entre 80.000 y 82.500 participantes en todo el país, mientras que los
organizadores estimaron una concurrencia de 150.000 personas.
En París, el Gobierno contabilizó 21.500 manifestantes,
frente a los 45.000 que señalaron los sindicatos estudiantiles. La convocatoria
reunió a estudiantes, gremios, agrupaciones de izquierda y representantes del
movimiento de los Chalecos Amarillos.
Incidentes y un amplio despliegue de seguridad
En la capital, la marcha comenzó con un recorrido entre la
plaza de la República y la plaza de la Nación. Durante buena parte de la jornada
hubo música, puestos de comida, disfraces y banderas, aunque se registraron
tensiones cuando los últimos grupos comenzaron a dispersarse y actuaron las
unidades antidisturbios.
Los episodios más graves ocurrieron en Marsella. Allí,
algunos manifestantes abandonaron el trayecto autorizado y se produjeron
enfrentamientos con la Policía, quema de contenedores y vehículos. Los agentes
utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los grupos involucrados.
En Lyon también hubo intervenciones policiales con gases.
Las autoridades habían restringido las concentraciones en una amplia zona
céntrica para prevenir nuevos daños, luego de los saqueos, ataques contra
edificios e incendios registrados durante las protestas del 17 de octubre. En
esa ciudad participaron unas 4.600 personas.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, dispuso un
operativo de 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio. Antes de las
marchas, había pedido a los prefectos que mantuvieran una vigilancia especial
sobre los grupos considerados más hostiles hacia las fuerzas de seguridad.
El rechazo a una ley sobre el uso de armas
policiales
Uno de los principales motivos de cuestionamiento fue una
ley aprobada por el Parlamento que amplió la protección de los agentes que
utilizan sus armas. La norma estuvo presente en numerosas pancartas, con
consignas como “No a la licencia para matar”.
También se observaron mensajes contra la selectividad
educativa y la militarización, además de representaciones simbólicas sobre el
deterioro de servicios como la seguridad social y la enseñanza pública.
El movimiento comenzó a mediados de septiembre, impulsado
inicialmente por estudiantes de secundaria que reclamaban mejoras en las
condiciones educativas. Con el correr de las semanas, sumó demandas por los
salarios, la pobreza juvenil, el costo de vida, la falta de vacantes
universitarias y el estado de los edificios escolares.
Manon Moret, secretaria general del sindicato estudiantil
Unef, describió la situación económica que atraviesan los jóvenes: “En varios
países, los jóvenes atraviesan lo mismo, es decir, la precariedad. Hay que
elegir entre tener un techo, recibir atención médica o poder comer lo
suficiente”.
Por su parte, Ryad Rani, representante de estudiantes
secundarios, cuestionó las respuestas oficiales y afirmó: “Solo recibimos
migajas, pero queremos el pastel entero”. También reclamó una renovación de los
establecimientos educativos y aseguró: “No nos rendiremos. Llegaremos hasta el
final”.
Los sindicatos preparan nuevas medidas de
fuerza
Los reclamos también alcanzaron a los empleados públicos,
especialmente al personal del área de Educación Nacional. Sophie Vénétitay,
portavoz del sindicato docente Snes-FSU, anticipó que la huelga prevista para
el 1 de diciembre buscará aumentar la presión sobre el Gobierno.
“Será un día importante para reiterar que, en lo que
respecta a los salarios de los funcionarios públicos, en particular los del
personal de Educación Nacional, la respuesta dada no es satisfactoria y existe
una urgencia absoluta”, sostuvo.
En París participaron delegaciones de la Confederación
General del Trabajo (CGT), la Confederación Francesa Democrática del Trabajo
(CFDT), Fuerza Obrera (FO), la Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios,
junto con organizaciones estudiantiles y partidos de izquierda.
La eurodiputada de La Francia Insumisa, Manon Aubry,
reclamó una respuesta inmediata del Ejecutivo y advirtió: “El Gobierno debe
escuchar estas demandas sociales o dimitir”. Desde el movimiento de los
Chalecos Amarillos, Azelma Signaux pidió sostener las acciones pacíficas para
que la población recupere poder sobre las instituciones.
Aunque la cantidad de participantes fue menor que en las
primeras jornadas, las organizaciones anticiparon que continuarán las
movilizaciones. Los sindicatos, además, preparan nuevas medidas de fuerza, por
lo que el conflicto social seguirá bajo presión durante las próximas semanas.
#Francia #Protestas #Manifestaciones #ViolenciaPolicial #CrisisSocial




