La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al
Gobierno nacional publicar los resultados de las evaluaciones Aprender y
Enseñar correspondientes a todos los establecimientos educativos de Salta que
participaron de los operativos realizados durante 2016 y 2017.
La decisión representa un avance en materia de acceso a la
información pública y establece que los datos sobre el funcionamiento del
sistema educativo deben estar disponibles para el control de la sociedad,
siempre que se proteja la identidad de estudiantes y docentes.
En su resolución, los jueces remarcaron que “la información
pertenece a las personas: no es propiedad estatal” y que su acceso no puede
depender de una concesión del gobierno.
El reclamo que llegó hasta la Corte Suprema
La causa comenzó en 2019, cuando Rafael Aurelio Argañaraz
Olivero presentó una acción de amparo contra el entonces Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.
El ciudadano solicitó la totalidad de los reportes de
resultados de las instituciones salteñas que habían participado de los
operativos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017.
Sin embargo, la Secretaría de Evaluación Educativa rechazó
entregar la documentación completa. Argumentó que los datos tenían carácter
confidencial y ofreció, en su lugar, información agrupada hasta el nivel
municipal.
El Estado nacional también se opuso judicialmente a la
difusión. Sostuvo que la publicación de los resultados por establecimiento
podía facilitar la elaboración de rankings y generar situaciones de
discriminación hacia comunidades educativas.
Entre los argumentos presentados, advirtió que esos
registros podían utilizarse para clasificar a las escuelas según
características sociales de sus alumnos y familias, como la condición de
migrantes, indígenas o personas en situación de pobreza.
Cómo se resolvió el conflicto judicial
En primera instancia, la Justicia rechazó el pedido de
acceso a la información. No obstante, la Cámara Federal de Salta modificó ese
criterio y ordenó entregar los resultados de todos los establecimientos
comprendidos en la solicitud.
La resolución estableció que la información debía
proporcionarse sin excepciones, pero sin exponer datos personales que
permitieran identificar a estudiantes o docentes.
El Gobierno apeló esa decisión y el expediente llegó al
máximo tribunal, que finalmente confirmó la obligación de entregar los
reportes.
El fallo fue firmado por Horacio Rosatti y Ricardo
Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier.
En disidencia, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el reclamo.
Los argumentos del máximo tribunal
En los fundamentos de la sentencia, la mayoría de los
jueces puso el foco en el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se
administran los recursos y las políticas públicas.
La Corte sostuvo que “el fundamento central del acceso a la
información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de
conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se
desempeñan”.
También aclaró que las evaluaciones educativas no
constituyen una decisión voluntaria del Gobierno destinada a beneficiar a la
comunidad, sino que forman parte de obligaciones establecidas por las normas
constitucionales y legales.
Otro de los puntos destacados fue la importancia de conocer
el desempeño de cada institución para evaluar si el Estado cumple con sus
responsabilidades en materia educativa.
En ese sentido, el tribunal consideró que publicar los
resultados permite controlar las políticas destinadas a garantizar la igualdad
de oportunidades y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
El derecho a la educación y la protección de
los datos personales
La sentencia también vinculó el acceso a los resultados con
el cumplimiento de los derechos educativos de los pueblos originarios.
Los magistrados señalaron que la información puede servir
para verificar si el Estado garantiza el acceso a una educación bilingüe e
intercultural, además de condiciones de aprendizaje de calidad para todos los
estudiantes, independientemente de su origen social o ubicación geográfica.
De todos modos, la Corte recordó que el derecho de acceso a
la información pública no es ilimitado. La difusión debe contemplar mecanismos
que impidan vulnerar la intimidad y el honor de quienes participaron de las
evaluaciones.
Con este pronunciamiento, el Estado nacional deberá
entregar los reportes correspondientes a los operativos de 2016 y 2017 en
Salta, mientras se mantiene la obligación de resguardar la información
personal. La decisión reafirma que los resultados de las políticas educativas
también están sujetos al control ciudadano.
#CorteSuprema #Educación #PruebasAprender
#InformaciónPública #Escuelas




