La tensión social volvió a crecer en Francia, con una jornada de movilizaciones y huelgas que reunió a trabajadores
estatales, estudiantes y representantes sindicales. Los manifestantes
reclamaron mejoras salariales, denunciaron la pérdida de poder adquisitivo y
cuestionaron las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Emmanuel
Macron.
La protesta se desarrolló en distintas ciudades del país y tuvo como principal eje el reclamo de una actualización de los ingresos de los empleados públicos. La convocatoria fue impulsada por organizaciones sindicales luego de que una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, terminara sin acuerdos concretos sobre un aumento general de las remuneraciones.
Cerca de seis millones de trabajadores estaban habilitados
para sumarse a la huelga, que se convirtió en la segunda gran jornada de
protesta en menos de dos semanas.
Diferencias en las cifras de participación
La cantidad de manifestantes generó diferencias entre los
registros oficiales y las estimaciones sindicales. El Ministerio del Interior
contabilizó 146.000 participantes en todo el territorio francés, de los cuales
28.000 marcharon en París.
La Confederación General del Trabajo (CGT), en cambio,
calculó que las movilizaciones reunieron a unas 500.000 personas en todo el
país y a 175.000 en la capital.
La adhesión también fue menor que durante la protesta del 5
de noviembre. Según las cifras oficiales, menos del 3% de los empleados de la
administración central participó del paro, frente a casi el 10% registrado en
la jornada anterior. En el sector educativo, el seguimiento tampoco llegó al
4%.
Pese a la menor participación, la medida provocó
complicaciones en algunos servicios ferroviarios de cercanías de París, en
determinados recorridos regionales y en instalaciones portuarias.
Los trabajadores reclaman una suba salarial del
5%
Uno de los principales motivos del malestar es la pérdida
de poder adquisitivo frente al aumento de los gastos cotidianos. Los sindicatos
consideran insuficientes las actualizaciones anunciadas por el Ejecutivo y
reclaman una mejora inmediata de al menos el 5% para los salarios.
Durante las manifestaciones también se escucharon
testimonios que reflejan las dificultades económicas de los empleados públicos.
Una trabajadora hospitalaria de Lyon, de 53 años y con 24 años de trayectoria,
contó que recibe 1.870 euros netos mensuales.
De ese ingreso destina 860 euros al alquiler y entre 400 y
500 euros al combustible para trasladarse hasta su lugar de trabajo, ubicado a
casi 50 kilómetros de su vivienda. La mujer explicó que necesita la ayuda
económica de sus dos hijas mayores para afrontar los gastos y describió su
situación con una frase contundente: “Siento una rabia enorme”.
También se sumaron empleados de bibliotecas y otros
organismos estatales, quienes cuestionaron que sus remuneraciones hayan quedado
rezagadas frente a la inflación.
El aumento anunciado por el Gobierno no
conformó a los gremios
La semana pasada, el Ejecutivo comunicó una actualización
del 1,6% para el salario mínimo, que comenzará a aplicarse en diciembre y
elevará el ingreso mensual a aproximadamente 1.500 euros netos.
La medida se adelantó a la revisión que habitualmente se
realiza en enero, pero no contempló un incremento general para los trabajadores
de la administración pública, uno de los sectores que encabezó las
movilizaciones.
La falta de una propuesta que alcance al conjunto de los
empleados estatales profundizó el desacuerdo con los sindicatos y terminó de
impulsar la nueva convocatoria.
Los estudiantes también se sumaron a los
reclamos
Las demandas salariales estuvieron acompañadas por
organizaciones estudiantiles, que mantienen movilizaciones desde septiembre
para exigir mayores partidas presupuestarias destinadas a la educación.
Entre sus principales planteos figuran la mejora de las
condiciones de aprendizaje, más recursos para los establecimientos educativos y
respuestas ante la falta de docentes en las aulas.
En París, la movilización recorrió el trayecto entre la
plaza de la Nación y la plaza de Italia. Las columnas estuvieron integradas por
empleados públicos, estudiantes, dirigentes gremiales y trabajadores de otras
actividades. La jornada se desarrolló bajo vigilancia de los dispositivos de
seguridad y no se informaron incidentes de gravedad.
El ajuste presupuestario suma presión política
El conflicto se desarrolla en un escenario económico
complejo para el Gobierno francés, que busca reducir el déficit fiscal y
contener el crecimiento de la deuda pública mediante restricciones
presupuestarias.
A esa situación se sumó un nuevo llamado de atención de la
Comisión Europea, que este martes volvió a pedirle a Francia que corrija sus
desequilibrios fiscales.
El desafío para el primer ministro Sébastien Lecornu es
avanzar con las medidas de ajuste sin profundizar el enfrentamiento con los
sindicatos y los sectores que reclaman mejoras económicas.
La disputa también adquiere relevancia política porque
Francia se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027, cuando
Emmanuel Macron deberá dejar el poder. En ese contexto, la continuidad de los
reclamos salariales y las respuestas del Ejecutivo podrían convertirse en uno
de los principales focos de tensión durante los próximos meses.
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