Una investigación judicial dejó al descubierto una presunta organización delictiva que habría utilizado recursos de una dependencia policial para cometer robos. Entre los cinco acusados figura una suboficial señalada como una de las responsables de facilitar la salida de detenidos, además de proporcionar armas, uniformes y otros elementos.

El caso se originó a partir de un asalto ocurrido durante la madrugada del 17 de julio en Santo Tomé. Los investigadores sostienen que dos hombres que estaban alojados en la Alcaidía salieron de sus celdas y participaron del operativo vestidos con indumentaria policial y armados.

El fiscal Facundo Cabral confirmó que el expediente se encuentra avanzado y anticipó que el juicio oral podría realizarse antes de marzo de 2027.

Cómo se habría organizado el asalto al Rapipago

El episodio comenzó cuando varios delincuentes armados ingresaron a una vivienda donde permanecía un empleado de una empresa de Rapipago. El hombre estaba encargado de cuidar el inmueble mientras su propietario se encontraba de viaje.

Bajo amenazas, los asaltantes le exigieron los códigos y las combinaciones de una caja fuerte. Con esa información, otros integrantes de la organización se dirigieron al establecimiento comercial y sustrajeron aproximadamente cinco millones de pesos.

Para la fiscalía, el robo fue parte de un mecanismo coordinado que involucró a personas que estaban privadas de su libertad y a colaboradores que permanecían fuera del establecimiento penitenciario.

La relación de la suboficial con uno de los detenidos

Uno de los principales elementos que surgieron durante la investigación fue el vínculo sentimental que la suboficial Morel mantenía con un interno identificado por el apellido Berón, considerado de alta peligrosidad.

El fiscal Cabral señaló que la funcionaria es considerada una de las presuntas cabecillas de la organización y describió las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la dependencia.

"En esa Alcaidía jamás se hacían requisas, el director de la Unidad Regional no controlaba nada y la guardia hacía lo que quería", afirmó el representante del Ministerio Público.

También explicó que Berón tenía antecedentes por asaltos caracterizados por el uso de violencia y que había sido alojado en esa dependencia antes de su traslado a la Unidad Penal de San Cayetano.

Aceitaron las bisagras para evitar ruidos durante las salidas

Uno de los detalles más relevantes del expediente está relacionado con la preparación de las celdas para facilitar los movimientos clandestinos.

De acuerdo con Cabral, los registros permitieron establecer que durante la noche del 16 de julio Berón y otro detenido, identificado como Lázaro Jiménez, abandonaron sus calabozos

Ambos habrían salido con uniformes policiales, una escopeta y un arma reglamentaria de la fuerza provincial.

El fiscal aportó otro dato que forma parte de las pruebas reunidas: "Días antes de este atraco la suboficial Morel hizo aceitar las bisagras de las puertas de los calabozos".

Según explicó, varios internos coincidieron en sus declaraciones sobre esa maniobra. Antes de que se lubricaran las bisagras, el movimiento de las rejas podía escucharse desde la calle durante la noche.

La investigación también apunta a que Morel habría facilitado teléfonos celulares y armamento para que los integrantes de la banda pudieran concretar sus operaciones.

Quiénes son los cinco acusados de integrar la organización

La causa tiene cinco imputados, con diferentes funciones dentro de la presunta estructura delictiva:

• Suboficial Morel: está señalada como una de las principales responsables de la organización. Habría facilitado la salida de los internos, armas, uniformes y teléfonos celulares.

• Berón: permanecía detenido en la Alcaidía y es considerado uno de los presuntos cabecillas. Mantenía una relación sentimental con la funcionaria policial.

• Lázaro Jiménez: otro de los internos que habría salido ilegalmente de su celda para participar del asalto.

• Arnaldo, conocido como "Maxi": estaba en libertad y habría cumplido la función de identificar viviendas para los robos. Según la fiscalía, había señalado dos posibles objetivos.

• Galarza, apodado "Loro": habría sido responsable de conseguir elementos logísticos y cartuchos calibre 12/70 compatibles con la escopeta policial utilizada.

Sobre la selección de los objetivos, Cabral explicó que uno de los domicilios fue descartado porque tenía un muro demasiado alto y rejas que dificultaban el ingreso sin quedar expuestos.

Respecto del armamento, el fiscal indicó que en la Alcaidía las escopetas estaban cargadas con proyectiles antitumultos. Por eso, uno de los integrantes habría conseguido municiones calibre 12/70 para utilizarlas durante el asalto.

La causa podría llegar a juicio antes de marzo de 2027

Los cinco sospechosos están acusados de asociación ilícita y robo en poblado y en banda, agravado por el uso de armas de fuego. En el caso de Morel también se incorporó la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación derivó además en cambios dentro de la estructura policial: quedaron bajo cuestionamiento los controles de la guardia de la Alcaidía y la conducción de la Unidad Regional V.

El fiscal sostuvo que existen indicios de que la organización pudo haber intervenido en otros hechos delictivos. Esa hipótesis continúa bajo análisis y contempla la posible participación de al menos otros dos prófugos que habrían colaborado con tareas de logística.

Con la investigación en una etapa avanzada, la fiscalía trabaja para completar las actuaciones y avanzar hacia el debate oral, previsto para antes de marzo de 2027.

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