La Justicia federal declaró inconstitucional el sistema de
movilidad jubilatoria que estuvo vigente entre enero de 2021 y junio de 2024,
durante el gobierno de Alberto Fernández, y ordenó recalcular los haberes de
una beneficiaria de la ANSES.
La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, que dispuso reemplazar ese mecanismo por la
fórmula establecida en la ley 27.426, aprobada durante la presidencia de
Mauricio Macri.
El fallo podría tener consecuencias económicas sobre las
diferencias acumuladas y sobre la base utilizada para calcular los aumentos
posteriores. Sin embargo, la resolución corresponde a un caso particular y no
implica un incremento automático para todos los jubilados.
Cuánto poder adquisitivo se habría perdido
Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado
hicieron lugar al reclamo de Carmen Galletta, quien había iniciado una demanda
contra la ANSES. De esta manera, revocaron una sentencia de primera instancia
que había rechazado su planteo.
La Cámara consideró que la fórmula establecida por la ley
27.609 provocó un deterioro en los ingresos previsionales porque estaba
vinculada a la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, pero
no contemplaba directamente la inflación ni garantizaba un piso de
actualización frente a una aceleración de los precios.
Para fundamentar su decisión, los magistrados compararon la
evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese
período, los aumentos por movilidad acumularon un 553,55%, mientras que el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.
A partir de esa diferencia, calcularon una pérdida de
capacidad de compra cercana al 46,83%.
La resolución también señaló que los posteriores aumentos
vinculados a la inflación no alcanzaron para recuperar lo perdido, debido a que
las actualizaciones se aplicaron sobre una base que ya había quedado rezagada.
Qué fórmula se utilizará para recalcular los
haberes
Como mecanismo de recomposición, la Cámara ordenó utilizar
el esquema previsto en la ley 27.426. Ese sistema contemplaba actualizaciones
trimestrales calculadas a partir de dos variables: un 70% correspondiente a la
inflación y un 30% vinculado a la evolución de los salarios, medida a través
del RIPTE.
Los jueces consideraron que correspondía recurrir a una
fórmula aprobada por el Congreso para el período cuestionado, en lugar de
aplicar retroactivamente el mecanismo actual.
El recálculo abarcará desde enero de 2021 hasta junio de
2024 inclusive. A partir de julio de ese año, el haber deberá continuar con el
régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el decreto
274/2024.
Cómo se calculará el monto que deberá pagar la
ANSES
La suma que eventualmente cobrará Galletta todavía no fue
determinada. El importe se establecerá durante la etapa de liquidación, cuando
se calculen las diferencias correspondientes y se descuenten los aumentos,
adelantos, recomposiciones y ayudas extraordinarias que ya haya recibido.
La Cámara también admitió el planteo de prescripción
presentado por la ANSES, una condición que limita el período por el cual pueden
reclamarse diferencias retroactivas.
Además, ordenó aplicar la tasa pasiva promedio mensual del
Banco Central para calcular los intereses y dispuso que el organismo
previsional afronte las costas de las dos instancias judiciales.
En relación con los topes jubilatorios, declaró
inconstitucional una disposición de la ley 24.463 si durante la liquidación se
comprueba que su aplicación genera una quita igual o superior al 15%.
Un antecedente para otros reclamos
previsionales
Aunque el pronunciamiento no modifica por sí mismo los
haberes de todos los jubilados, representa un antecedente para quienes
mantienen litigios por la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley
27.609.
La Cámara entendió que el período transcurrido permitía
evaluar el impacto concreto de ese mecanismo y concluyó que la pérdida
registrada justificaba declarar su inconstitucionalidad.
El alcance de la decisión sobre otros beneficiarios
dependerá de los reclamos que se presenten y de las resoluciones que adopten
los tribunales en cada caso.
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