El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) estableció que el próximo sábado 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre el pedido argentino para detener de manera provisoria el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La resolución será determinante para saber si las empresas involucradas podrán continuar con el cronograma de desarrollo del yacimiento o si deberán suspender las tareas hasta que otro tribunal analice el fondo de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido.

La fecha fue comunicada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al finalizar las dos jornadas de audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania. Los jueces tendrán 17 días para estudiar los argumentos presentados por ambas delegaciones.

Qué reclama la Argentina ante el Tribunal del Mar

Durante la audiencia final, el representante argentino Mario Oyarzábal pidió que el Reino Unido suspenda las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura destinada a la producción de petróleo en la cuenca norte de las islas.

La presentación también incluyó otros tres requerimientos: que Londres no utilice información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que deje de obstaculizar las acciones de protección ambiental que reclama Buenos Aires y que no conceda nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

“El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”, sostuvo Oyarzábal.

La defensa argentina aclaró que no busca que el Tribunal resuelva ahora la cuestión de la soberanía sobre las islas. Su planteo apunta a que se reconozcan derechos que, según sostiene, están contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La advertencia por los riesgos ambientales

Uno de los puntos centrales de la exposición argentina estuvo relacionado con las posibles consecuencias ambientales de la explotación petrolera.

El asesor Nico Schrijver enumeró los riesgos que, según la delegación, implicaría el desarrollo del yacimiento durante un período estimado de hasta 30 años. Entre ellos mencionó la perforación de 26 pozos, la instalación de unos 60 kilómetros de líneas submarinas y la operación de un buque de producción anclado en la zona.

También advirtió sobre las dificultades para responder ante un derrame en condiciones meteorológicas adversas y cuestionó la experiencia de Navitas Petroleum como operadora de campos petroleros en producción.

En respaldo de su planteo, Schrijver citó información de la propia compañía, según la cual existiría una probabilidad superior al 90% de que un derrame de gran magnitud alcance aguas internacionales. Los residuos podrían extenderse hasta 220 kilómetros al norte del área de explotación.

La representación británica presentó una evaluación diferente. Su abogado Guglielmo Verdirame sostuvo que el riesgo de pérdida del buque de producción fue calificado como “muy improbable” y que la posibilidad de un reventón durante las perforaciones de desarrollo fue estimada en uno cada 20.834 pozos.

El Tribunal deberá evaluar esos argumentos para determinar si existe un peligro que justifique la aplicación de medidas provisionales.

La fecha de las perforaciones y la urgencia del reclamo

Otro aspecto decisivo del debate es el calendario del proyecto. Las perforaciones de desarrollo están previstas para comenzar el 21 de marzo de 2027, mientras que la explotación petrolera propiamente dicha no empezaría antes de 2028.

La Argentina sostiene que el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR podría demorar demasiado y que, cuando ese organismo esté en condiciones de intervenir, las tareas de perforación ya podrían haber comenzado.

Schrijver presentó antecedentes de seis controversias internacionales para respaldar su argumento. Según esa comparación, los procesos de constitución y puesta en funcionamiento de esos tribunales demoraron entre 3,8 y nueve meses.

Incluso en el escenario más rápido planteado por la defensa argentina, el tribunal arbitral podría quedar operativo apenas 15 días antes de la fecha prevista para iniciar las perforaciones, con una solicitud de medidas urgentes todavía pendiente de resolución.

En ese contexto, el asesor lanzó una advertencia ante los magistrados: “Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”.

La postura del Reino Unido

La delegación británica pidió que se rechace por completo la solicitud argentina. Su representante, Sally Langridge, sostuvo que los planteos de Buenos Aires están vinculados con la disputa de soberanía y, por esa razón, excederían las atribuciones del Tribunal del Mar.

Londres también cuestionó que la Argentina haya demostrado la existencia de derechos plausibles bajo la CONVEMAR y consideró que no está acreditada la urgencia de una intervención, porque el tribunal arbitral podría constituirse antes del comienzo de las perforaciones.

Además, la defensa británica afirmó que una suspensión del proyecto ocasionaría perjuicios a los habitantes de las islas y a las empresas que participan de la inversión.

Qué puede cambiar con la decisión del 28 de noviembre

La orden que se conocerá el 28 de noviembre no resolverá definitivamente la disputa de soberanía ni el fondo del conflicto entre ambos países. El pronunciamiento estará limitado a las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Sin embargo, tendrá consecuencias concretas sobre el futuro inmediato de Sea Lion: si los jueces hacen lugar al pedido argentino, el proyecto podría quedar paralizado mientras avanza el proceso arbitral; si lo rechazan, las empresas podrían continuar con el cronograma previsto.

La decisión será seguida de cerca por el Gobierno argentino, ya que puede incidir en el desarrollo de una iniciativa petrolera que Buenos Aires considera contraria a sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental en disputa.

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