La investigación por el colapso de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo en Paraguay. Fiscales y efectivos de la Policía Nacional allanaron la vivienda de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en la localidad de San Bernardino, en el departamento de Cordillera.

El procedimiento comenzó poco antes de las 19 y estuvo encabezado por los fiscales Christian Benítez y Silvia González Véster. La propiedad, situada en la zona de Ciervo Cuá, es uno de los puntos centrales de la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas al banco.

De acuerdo con información publicada por el diario paraguayo ABC, durante el operativo los investigadores habrían encontrado una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Sin embargo, no pudieron ingresar debido a la complejidad de su sistema de seguridad.

Hasta la noche del domingo, la Fiscalía no había comunicado oficialmente qué elementos fueron encontrados o incautados durante el allanamiento.

Los préstamos millonarios que están bajo investigación

La vivienda tiene relevancia dentro de la causa porque, según la acusación fiscal, Peña habría recibido dos créditos simultáneos de Ueno Bank el 13 de mayo de 2024, cuando ya ejercía la Presidencia de Paraguay.

Los préstamos alcanzaron los 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 600.000 dólares, y habrían sido destinados a financiar la construcción de la residencia.

El costo total de la propiedad habría rondado los 7.700 millones de guaraníes, aproximadamente 1,3 millones de dólares.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores fueron las condiciones de pago: las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, una cifra equivalente a seis veces el salario presidencial de Peña, que era de 37,9 millones de guaraníes.

La Fiscalía busca establecer si existieron beneficios económicos indebidos y si el exmandatario utilizó su posición institucional para favorecer intereses particulares.

La caída de Ueno Bank y el presunto perjuicio millonario

La investigación también apunta a las relaciones financieras entre Peña y la estructura empresarial vinculada a Ueno Bank.

El mandatario había adquirido en marzo de 2019 unas 1.500 acciones de Credicentro, sociedad que posteriormente se transformó en Ueno Holding. Según la documentación incorporada a la causa, conservó esa participación durante los primeros dos años de su gestión presidencial, hasta abril de 2025.

Durante ese período, distintas instituciones públicas y el Instituto de Previsión Social (IPS) depositaron fondos en la entidad financiera.

Las colocaciones alcanzaron los 3,6 billones de guaraníes y otros 233,4 millones de dólares. La Fiscalía sostiene que Peña habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de esos recursos.

El perjuicio económico calculado por los investigadores asciende a 809,5 millones de dólares.

El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre la intervención de Ueno Bank, luego de detectar que los ajustes realizados en sus estados financieros habían dejado el índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido por la legislación.

La entidad tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes y ocupaba el quinto lugar del sistema financiero paraguayo por volumen de depósitos.

Destitución, detención y prisión preventiva

La crisis financiera derivó en una fuerte conmoción política y social. El congelamiento de cuentas anunciado el 3 de noviembre provocó protestas de ahorristas y jubilados que reclamaban respuestas sobre sus depósitos.

En Asunción, las manifestaciones fueron reprimidas con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. El jueves 5 de noviembre, miles de personas se concentraron frente al Congreso para exigir la salida de Peña.

Ese mismo día, el entonces presidente presentó su renuncia, pero los legisladores oficialistas impidieron que se reuniera el quórum necesario para tratarla.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación y, el viernes 6, el Senado resolvió destituirlo por mal desempeño de sus funciones, con 44 votos favorables. Los legisladores también rechazaron su pedido de 72 horas para preparar la defensa.

Tras la decisión parlamentaria, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia y Peña fue detenido esa misma noche.

El sábado, la Fiscalía lo imputó como instigador del delito de lesión de confianza y como autor de administración en provecho propio. El exmandatario se abstuvo de declarar ante la Justicia.

El juez de garantías Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, una instalación militar ubicada en Asunción. Además, dispuso el congelamiento de sus bienes y cuentas.

El expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, también imputado en la causa, quedó bajo prisión preventiva.

Qué pasa con los ahorristas afectados por la intervención

Mientras avanza la investigación penal, las autoridades financieras trabajan en la devolución de los depósitos de los clientes de Ueno Bank.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, equivalente a unos 38.000 dólares.

Según informó el presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, durante el jueves y el viernes se realizaron transferencias a 1.196.000 ahorristas por un total de 996.000 millones de guaraníes, aproximadamente 160 millones de dólares.

El universo de personas que deben recibir sus fondos ronda los 1,9 millones de depositantes.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social mantiene alrededor de 355 millones de dólares invertidos en la entidad, de acuerdo con lo informado por su director de Inversiones, Hugo Díaz.

Desde hoy, el Banco Central comenzará a procesar los pagos correspondientes a clientes que también mantienen deudas con Ueno Bank, descontando previamente las obligaciones vencidas.

La situación más delicada alcanza a unos 87.000 clientes cuyos depósitos superan el límite cubierto por el fondo de garantía. Para esos saldos, las autoridades no aseguraron todavía la devolución.

El allanamiento de la residencia de Peña representa un nuevo avance en una investigación que combina presuntas irregularidades financieras, responsabilidades políticas y un fuerte impacto sobre los ahorristas. La Fiscalía deberá determinar ahora si la documentación y los elementos que puedan recuperarse de la propiedad aportan nuevas pruebas sobre el origen de los fondos utilizados para construirla y su relación con el colapso bancario.

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