La Justicia bonaerense ordenó que Mauro Icardi no pueda acercarse ni comunicarse con su hija Francesca durante los próximos 45 días, luego de una denuncia presentada por Wanda Nara por un presunto episodio de violencia familiar.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, en el marco de una investigación por presuntas lesiones leves.

La resolución establece restricciones de distancia y comunicación para el futbolista, además de disponer medidas de asistencia y protección para la niña, de 11 años.

Qué establece la medida judicial contra Icardi

De acuerdo con la resolución judicial, Icardi tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de su hija. La restricción también fija una distancia mínima de 300 metros respecto del domicilio de la menor y de cualquier otro lugar donde se encuentre.

La prohibición incluye todas las formas de contacto: llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales, aplicaciones de mensajería y comunicaciones a través de terceras personas.

La medida tendrá una vigencia de 45 días corridos a partir de la notificación al futbolista. El documento advierte que, si incumple la orden, podría enfrentar una imputación por el delito de desobediencia.

Además, el juzgado solicitó la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para brindar asistencia a Francesca y dio participación a la Asesoría de Menores.

La denuncia de Wanda Nara y el episodio en Nordelta

La resolución judicial se conoció después de un procedimiento policial realizado en el barrio La Isla de Nordelta, donde reside Icardi.

Según el acta de intervención, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre recibieron un llamado al 911 alrededor de las 17 del viernes, por una posible situación de violencia infantil.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con Wanda Nara. La empresaria habría explicado que recibió mensajes de su hija a través de iCloud, en los que la menor le manifestaba que había sido agredida físicamente por su padre.

En esas comunicaciones, Francesca también habría contado que llevaba varias horas encerrada en su habitación y que no había almorzado.

El episodio ocurrió en medio de un conflicto familiar y judicial por la permanencia de la niña con su padre, que estaba prevista hasta el 16 de noviembre.

El pedido de ayuda de la menor ante los policías

La reconstrucción policial señala que, inicialmente, un hombre respondió desde el interior de la vivienda y manifestó que no autorizaba el ingreso de los efectivos.

Minutos después, Francesca salió de la propiedad llorando, con medias y sin calzado, y se acercó a su madre.

De acuerdo con el documento incorporado a la causa, la niña pidió regresar con Wanda y expresó: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”.

Los efectivos solicitaron una ambulancia para que recibiera atención médica. Una profesional del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el domicilio y no encontró lesiones de gravedad que justificaran su traslado a un hospital.

Sin embargo, quedó registrada la recomendación de realizar una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Wanda Nara señaló que su hija tenía programada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.

Qué otras medidas podría tomar la Justicia

La investigación continuará con nuevas diligencias. Entre ellas, fuentes vinculadas al expediente indicaron que está prevista la declaración testimonial de Wanda Nara y de su actual pareja.

También se presentó un pedido de allanamiento, con intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En paralelo, se solicitará la intervención de un Juzgado de Familia para resolver las cuestiones relacionadas con la guarda, la custodia, los alimentos y el régimen de comunicación.

La causa deberá avanzar sobre las circunstancias denunciadas y las pruebas reunidas para determinar las eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la prohibición de acercamiento y contacto busca resguardar a Francesca durante los 45 días establecidos por la resolución judicial.

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