La Argentina llevará su reclamo contra el Reino Unido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre. El objetivo es frenar el avance de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y evitar que se consolide una situación irreversible antes de una resolución judicial.

En la Casa Rosada mantienen expectativas favorables sobre el resultado de la presentación y anticipan que continuarán con la ofensiva diplomática, jurídica y legislativa, independientemente de lo que resuelvan los magistrados.

“Vamos por todo. Es histórico y estamos confiados”, sostienen desde el Ejecutivo al referirse a una instancia que consideran determinante para intentar detener el proyecto petrolero Sea Lion.

Qué reclama la Argentina ante el tribunal internacional

La presentación busca que los jueces dispongan medidas provisionales para impedir que las actividades hidrocarburíferas avancen mientras se desarrolla el arbitraje internacional iniciado contra el Reino Unido.

El procedimiento comenzó el 28 de septiembre, cuando el país puso en marcha un reclamo bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó una intervención urgente del tribunal con sede en Hamburgo.

La controversia está vinculada con las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en los espacios marítimos que la Argentina considera bajo su jurisdicción.

El planteo apunta especialmente al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

Las empresas tienen previsto comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. Para el Gobierno argentino, la proximidad de esas operaciones hace necesario conseguir una medida que impida avanzar con decisiones que puedan modificar de manera irreversible la situación.

La discusión ante el Tribunal del Mar no resolverá la disputa por la soberanía territorial de las islas. Su intervención se limita a evaluar si corresponde adoptar medidas urgentes para preservar los derechos invocados por la Argentina mientras continúa el arbitraje.

Cuándo podría conocerse la resolución

En el Gobierno calculan que el pronunciamiento podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias. Esto ubicaría una posible decisión entre la segunda mitad de noviembre y los primeros días de diciembre.

Sin embargo, no existe una fecha oficial establecida. En la administración nacional reconocen que el tribunal necesita tiempo para analizar los argumentos de ambas partes antes de emitir una resolución.

Uno de los antecedentes que se sigue de cerca es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012. En aquella oportunidad, la Argentina solicitó medidas provisionales el 14 de noviembre, las audiencias se realizaron los días 29 y 30 de ese mes y el tribunal ordenó liberar el buque el 15 de diciembre.

La decisión llegó 15 días después de las exposiciones, aunque ese antecedente no implica que el procedimiento actual deba respetar los mismos plazos.

La estrategia argentina incluye sanciones a petroleras

La ofensiva oficial no se limita al ámbito judicial. El Gobierno también prepara nuevas medidas contra las compañías y las personas que participan en actividades hidrocarburíferas en el área de las islas.

Hasta el momento, se enviaron más de 180 notas de desaliento a empresas y proveedores y se iniciaron procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas.

No obstante, las penalidades definitivas todavía no fueron aplicadas. La administración nacional considera que necesita ampliar las herramientas legales disponibles para alcanzar a los distintos actores que intervienen en estos proyectos.

Por ese motivo, el oficialismo busca avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que ya obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados, pero que todavía enfrenta diferencias políticas.

El proyecto contempla un endurecimiento de las sanciones contra las empresas involucradas y propone crear un Consejo de Seguridad Nacional. La discusión legislativa continúa, especialmente en torno a sus atribuciones y los mecanismos de control parlamentario.

Quiénes integrarán la delegación argentina

La representación nacional estará encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, junto con funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro.

Entre los integrantes mencionados se encuentran Mario Oyarzábal, Juan Ignacio Stampalija, Santiago Castro Videla y Betina Pasquali de Fonseca.

También participarán especialistas en derecho internacional, entre ellos Marcelo Kohen, quien tuvo intervención en el caso de la Fragata ARA Libertad, además de Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

La delegación tendrá la responsabilidad de fundamentar el pedido argentino y demostrar por qué considera necesaria una intervención urgente para evitar que las actividades petroleras continúen avanzando.

El Gobierno también apunta a fortalecer su presencia en el Atlántico Sur

En paralelo con las actuaciones judiciales y legislativas, la administración nacional pretende ampliar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.

Uno de los proyectos que continuará recibiendo financiamiento es la Base Naval Integrada de Ushuaia, considerada por el Ejecutivo una infraestructura estratégica para las operaciones logísticas y el desarrollo de actividades vinculadas con la Antártida.

La decisión forma parte de una política que el Gobierno pretende sostener más allá del resultado de las audiencias internacionales.

De esta manera, la Argentina busca combinar el reclamo jurídico contra el Reino Unido con sanciones económicas, cambios legislativos y una mayor presencia estatal en el extremo austral. La resolución del Tribunal del Mar será el próximo paso de una disputa en la que el Ejecutivo pretende impedir que la explotación petrolera avance mientras continúa la controversia internacional.

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