Dos empleados de planta permanente de la administración pública provincial fueron expulsados definitivamente de sus cargos luego de que una investigación administrativa comprobara que permitieron el ingreso de una mujer ajena a la dependencia estatal durante una guardia nocturna. Además, uno de ellos reconoció que consumieron cocaína dentro del establecimiento.

El episodio ocurrió entre el 28 y el 29 de septiembre de 2024, en un edificio ubicado en la intersección de las calles Remigio Bosch y J. J. Lastra, en la ciudad de Neuquén. Los involucrados se desempeñaban como serenos en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La resolución que dispuso las exoneraciones se conoció después de un sumario que reunió grabaciones de las cámaras de seguridad, documentación y declaraciones de los propios trabajadores.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir lo ocurrido

Los agentes fueron identificados como Héctor Daniel Ramírez y Mario Alberto Contreras. Durante la guardia, ambos permitieron que una mujer permaneciera dentro de las instalaciones durante más de diez horas, sin autorización ni motivos laborales que justificaran su presencia.

La investigación administrativa comenzó el 14 de febrero de 2025, después de que un superior solicitara revisar las imágenes de vigilancia de la Dirección Provincial de Protección de Derechos de las Personas Mayores, que funciona en el mismo inmueble.

Los registros audiovisuales confirmaron que la mujer había ingresado al edificio y que durante la madrugada circuló por los pasillos acompañada por los dos empleados.

Cuando fueron convocados a declarar, Ramírez y Contreras reconocieron que habían incumplido la obligación de registrar el ingreso de personas particulares en el Libro de Actas. Sin embargo, cada uno responsabilizó al otro por haber autorizado inicialmente la entrada de la mujer.

Pese a las diferencias sobre quién permitió el acceso, ambos admitieron que consintieron su permanencia en el establecimiento.

Uno de los empleados también cobró asistencia durante una licencia

El expediente incorporó otra irregularidad atribuida a Ramírez: de acuerdo con la documentación reunida, registró su asistencia laboral mientras se encontraba usufructuando una licencia por razones personales.

Sin embargo, uno de los elementos más comprometidos surgió de la propia declaración de Contreras, quien reconoció el consumo de cocaína dentro de las instalaciones.

El decreto que formalizó las sanciones describió las conductas detectadas y sostuvo:

“Específicamente los agentes Ramírez y Contreras cometieron la falta grave e inexcusable de encontrarse en las oficinas de la Subsecretaría de Familia con una mujer ajena al lugar, durante horas circulando por el establecimiento, consumiendo cigarrillos, y conforme confesó el agente Contreras también cocaína”.

El documento también consideró que esas acciones resultaban inadmisibles porque vulneraban directamente las responsabilidades propias de quienes debían garantizar la seguridad del edificio y de las personas.

Qué otras sanciones se aplicaron y qué implica la exoneración

La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial evaluó las pruebas y determinó que los dos trabajadores habían incurrido en faltas incompatibles con las obligaciones de sus puestos.

La medida aplicada fue la exoneración, considerada la sanción disciplinaria más grave dentro del régimen de empleo público provincial, incluso por encima de la cesantía.

Esto implica la desvinculación definitiva de la administración pública y consecuencias sobre los derechos que los agentes conservan como ex empleados estatales.

Las medidas disciplinarias también alcanzaron a Danton Américo Gómez, compañero de los dos serenos, quien recibió una suspensión de 20 días sin goce de haberes.

En su caso, la sanción respondió a que no dejó asentadas en el Libro de Actas las anomalías registradas durante sus turnos, pese a la obligación de informar ese tipo de situaciones.

El episodio se inscribe en la política de control y revisión de la conducta de los trabajadores estatales impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Las autoridades provinciales mantienen las investigaciones administrativas como mecanismo para detectar incumplimientos y aplicar sanciones en distintas dependencias del Estado.

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