Una mujer de 37 años recibirá una indemnización de $11.989.080 más intereses, luego de que la Justicia bonaerense responsabilizara a una municipalidad por un accidente provocado por un pozo sin señalización en la vía pública.

El hecho ocurrió el 30 de abril de 2022, cuando la motociclista circulaba por una calle del norte del Gran Buenos Aires y perdió el control al intentar esquivar un hundimiento en el pavimento. La caída le provocó una fractura en el brazo derecho y secuelas permanentes.

La sentencia consideró que la comuna incumplió su obligación de mantener las calles en condiciones seguras y de advertir sobre los peligros existentes.

Cómo ocurrió el accidente y por qué demoró la asistencia

El episodio se produjo alrededor de las 15.30. La mujer llevaba casco y, de acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, circulaba respetando las normas de tránsito.

Al encontrarse con un pozo ubicado en el centro de la calzada, intentó evitarlo, pero terminó cayendo junto con la motocicleta.

Una compañera que se desplazaba delante de ella en bicicleta escuchó el impacto, regresó para auxiliarla y llamó al 911. También se acercaron vecinos y personal policial, que tomó intervención en el lugar.

Sin embargo, la ambulancia demoró más de una hora en llegar. Ante esa situación, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Las pruebas que determinaron la responsabilidad municipal

El caso fue analizado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, que concluyó que el deterioro de la calzada y la falta de señalización fueron determinantes en el accidente.

Para fundamentar la decisión, el magistrado examinó testimonios, fotografías, videos, documentación médica y una pericia mecánica.

El informe técnico incluyó imágenes históricas de Google Maps que permitieron comprobar que el desnivel existía cuando ocurrió el siniestro. También estableció que las características del pozo representaban un peligro concreto para quienes circulaban en motocicleta o bicicleta.

La Municipalidad negó los hechos e intentó cuestionar las pruebas, pero no logró presentar elementos técnicos suficientes para desvirtuar las conclusiones periciales.

Además, durante el proceso no se acreditó que la conductora hubiera circulado a una velocidad excesiva o cometido alguna maniobra imprudente que justificara atribuirle responsabilidad por lo sucedido.

Una fractura, cirugía y una incapacidad permanente

Como consecuencia de la caída, la mujer sufrió una fractura cerrada del húmero derecho y debió someterse a una intervención quirúrgica.

Las evaluaciones médicas determinaron que quedó con una incapacidad permanente del 24%, que afecta tanto su desempeño laboral como distintas actividades de su vida cotidiana.

El fallo reconoció distintos conceptos indemnizatorios para establecer el monto final:

• $5.000.000: incapacidad física.

• $4.000.000: daño moral por el sufrimiento y las consecuencias personales del accidente.

• $1.556.880: daño psicológico, que contempla el tratamiento terapéutico recomendado.

• $250.000: gastos médicos y traslados.

• $182.200: reparación de la motocicleta.

• $1.000.000: pérdida de chance por una oportunidad laboral que no pudo concretar debido a las licencias médicas.

La pericia psicológica identificó manifestaciones depresivas y recomendó un tratamiento de frecuencia semanal durante un año.

Cuándo deberá pagar la Municipalidad

La indemnización establecida asciende a $11.989.080, a lo que deberán agregarse los intereses correspondientes hasta la cancelación de la deuda.

La sentencia fijó un plazo de 60 días para que la Municipalidad realice el pago, contado desde que la liquidación quede firme y aprobada.

El cálculo de intereses contempla una tasa del 6% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia. A partir de entonces, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta que se concrete el pago.

Por otra parte, el juzgado rechazó otros reclamos vinculados con gastos futuros, desvalorización de la motocicleta y movilidad, debido a que no fueron acreditados suficientemente.

La resolución también impuso las costas judiciales a la comuna y vuelve a poner en discusión la responsabilidad de los municipios sobre el mantenimiento de las calles y la señalización de los sectores que representan un peligro para los conductores.

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