El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y redujo el alcance de las sanciones previstas contra empresas vinculadas con la explotación ilegal de recursos argentinos en las Islas Malvinas. Los cambios llegaron después de advertencias de Estados Unidos sobre las posibles consecuencias para sus compañías.

La nueva redacción concentra las penalidades en operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas que participen directamente en esos proyectos. En cambio, excluye a los fondos de inversión cuya relación con las empresas explotadoras sea indirecta.

La modificación también forma parte de las negociaciones del oficialismo para conseguir respaldo parlamentario y avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.

Qué cambió después de las advertencias de Estados Unidos

El proyecto original establecía un esquema de sanciones más amplio para empresas y Estados extranjeros involucrados en la explotación ilegal de recursos argentinos en las islas.

El tema adquirió mayor relevancia después de la reunión que Milei mantuvo en la Casa Rosada con Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense. Durante ese encuentro, Washington advirtió sobre el posible impacto de las disposiciones iniciales en empresas de ese país.

Entre los proyectos alcanzados por la iniciativa figura la explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsada por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, además de otras compañías vinculadas con esos emprendimientos.

Con los cambios, el Ejecutivo busca concentrar la responsabilidad en quienes intervengan directamente en las actividades consideradas ilegales y evitar que las sanciones se extiendan a inversores con participaciones indirectas.

Un organismo para controlar inversiones estratégicas

Pese a la reducción del alcance de las penalidades, el proyecto conserva la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estaría presidido por el jefe de Estado y coordinaría políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior.

El organismo tendría facultades para evaluar inversiones de Estados extranjeros y de empresas con capitales de ese origen en sectores estratégicos, como energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, defensa y actividades espaciales.

Para sumar respaldo de bloques dialoguistas, el Gobierno también aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso.

La propuesta, impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), apunta a que el Poder Legislativo pueda supervisar las decisiones del nuevo consejo. Según los cambios planteados, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas de seguridad adoptadas dentro de un plazo de 48 horas.

Cambios en las penas por interferencia extranjera

Otra modificación alcanza al artículo que contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.

La nueva versión excluye expresamente de esas disposiciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

Los cambios responden a observaciones de sectores aliados, entre ellos la Unión Cívica Radical, y a cuestionamientos de legisladores de Unión por la Patria, como la diputada Agustina Propato.

Además, el proyecto incorpora al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo y precisa competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo.

La oposición pide separar la iniciativa

Pese a las modificaciones, Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas mantienen su reclamo para dividir el proyecto en dos partes.

La propuesta consiste en tratar por separado las disposiciones sobre Malvinas y soberanía nacional, por un lado, y las reformas vinculadas con inteligencia, defensa, seguridad interior, infraestructura crítica y delitos relacionados con la desinformación, por otro.

El oficialismo, en cambio, sostiene el tratamiento conjunto de la iniciativa, identificada con el expediente 0010-PE-2026.

Diputados define los próximos pasos

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para el martes 27 de octubre a las 16. La reunión deberá determinar si La Libertad Avanza consigue las firmas necesarias para emitir un dictamen de mayoría.

La negociación está encabezada por la diputada oficialista Silvana Giudici, quien mantiene conversaciones con bloques cercanos al Gobierno para acercar posiciones.

Si no reúne los apoyos necesarios, el oficialismo podría tener que postergar la definición y convocar a una nueva reunión. El resultado de las negociaciones determinará si el proyecto avanza hacia el recinto o continúa sujeto a cambios en el Congreso.

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