El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
Emiliano Yacobitti, reclamó al Gobierno que destine parte de los recursos
contemplados en el Presupuesto 2027 al financiamiento de las universidades.
El dirigente señaló que el proyecto presupuestario incluye
los $3 billones que, según su planteo, serían necesarios para aplicar de manera
completa la Ley de Financiamiento Universitario.
Yacobitti apuntó especialmente contra los recursos
asignados a la denominada Jurisdicción 91, una estructura presupuestaria que
depende de la Secretaría de Hacienda y que concentra partidas por $14,8
billones para el próximo ejercicio.
El reclamo del vicerrector de la UBA
A través de una publicación en X, Yacobitti sostuvo que el
Gobierno cuenta con los recursos para atender la situación de las universidades
y cuestionó que el Poder Ejecutivo haya decidido apelar el fallo judicial
relacionado con la ley.
“El Gobierno tiene en el Presupuesto 2027 los $3 billones
necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en su
totalidad. Queda claro que no aplicar la ley es una decisión política”, afirmó.
En ese contexto, propuso utilizar fondos incluidos en la
Jurisdicción 91 y, específicamente, en el programa “Otras Asistencias
Financieras”, que contempla unos $7,7 billones
“Sería muy importante que, en lugar de apelar el fallo de
primera instancia, el Gobierno utilice los fondos de la Jurisdicción 91 -
Programa 99 ‘Otras Asistencias Financieras’”, planteó el vicerrector.
Qué es la Jurisdicción 91
La Jurisdicción 91, denominada Obligaciones a cargo del
Tesoro, no funciona como un ministerio tradicional. Sus créditos son
administrados por la Secretaría de Hacienda, actualmente conducida por Carlos
Guberman.
Para 2027, el proyecto le asigna $14,8 billones, una cifra
que representa un incremento cercano al 163% respecto de la proyección de
ejecución correspondiente a 2026.
La estructura no cuenta con un edificio propio ni con una
planta de empleados como las carteras ministeriales. Su función principal es
concentrar recursos que luego pueden ser transferidos a distintos organismos y
empresas estatales durante la ejecución del presupuesto.
El economista jefe de Empiria, Nicolás Gadano, analizó las
partidas y destacó el fuerte crecimiento previsto para esta jurisdicción frente
a una pauta de inflación oficial del 18% para 2027.
Fondos para empresas y otras asistencias
Una parte importante de los recursos de la Jurisdicción 91
está destinada a transferencias para cubrir necesidades financieras de empresas
públicas.
Entre las entidades vinculadas aparecen Ferrocarriles,
Enarsa, EducAr y Correo Argentino, aunque los fondos permanecen bajo la órbita
de Hacienda y no necesariamente dentro de los ministerios relacionados con cada
actividad.
Este mecanismo permite al Gobierno conservar el control
sobre determinados créditos y asignarlos durante el año de acuerdo con las
necesidades presupuestarias.
La Jurisdicción 91 existe desde la década de 1990 y fue
creada para concentrar recursos destinados a obligaciones que el Estado debe
afrontar, evitando que determinados fondos queden sujetos a modificaciones
dentro de cada ministerio.
El programa que Yacobitti puso bajo la lupa
Dentro de la jurisdicción aparece el programa “Otras
Asistencias Financieras”, que tiene asignados alrededor de $7,7 billones en el
proyecto de Presupuesto 2027.
De ese total, aproximadamente $1,5 billones corresponden a
gastos en personal, mientras que cerca de $6 billones figuran como
transferencias al sector privado.
Estos créditos funcionan como reservas que Hacienda puede
utilizar para reforzar partidas de organismos que necesiten recursos
adicionales durante el ejercicio.
El Gobierno prevé avanzar con el tratamiento del
Presupuesto 2027 en el Congreso durante octubre, mientras continúa la disputa
judicial y política alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese
escenario, el pedido de Yacobitti plantea que una parte de los fondos ya
contemplados en el proyecto sea utilizada para atender las necesidades del
sistema universitario.
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