El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo que ordena poner en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Justicia cuestionara el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para postergar su aplicación.

La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a los planteos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado consideró inconstitucional el decreto que condicionó la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios y ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas necesarias para garantizar su "cumplimiento inmediato".

Qué resolvió la Justicia

El fallo alcanza una norma sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y que establece mecanismos de financiamiento para las universidades nacionales, además de contemplar recomposiciones salariales, becas e inversiones vinculadas con investigación y funcionamiento.

Cormick cuestionó específicamente la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a que se determinaran previamente las fuentes de financiamiento.

Para el juez, esa decisión resultó "extraconstitucional" porque permitió frenar la aplicación de una norma que había sido aprobada nuevamente por ambas cámaras del Congreso luego del veto presidencial.

Según los fundamentos de la sentencia, la propia ley contempla alternativas para obtener los recursos necesarios, entre ellas la adecuación de partidas y la utilización de ingresos corrientes que superen las previsiones presupuestarias, sin afectar la coparticipación de las provincias.

El conflicto por los salarios universitarios

La disputa judicial se suma a un reclamo que lleva meses y que tiene como uno de sus principales ejes la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.

En diciembre de 2025, el mismo juez había dictado una medida cautelar para ordenar la aplicación inmediata de los artículos vinculados con la recomposición salarial y la actualización de las becas estudiantiles.

Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. De esta manera, la cautelar quedó firme mientras se discutía la cuestión de fondo.

El Gobierno sostiene que ya otorgó aumentos

La Casa Rosada sostiene que avanzó en el cumplimiento de las obligaciones mediante un acuerdo firmado el 10 de junio con el CIN y los gremios universitarios.

Ese entendimiento contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33% y una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento.

Sin embargo, Cormick rechazó posteriormente el pedido del Gobierno para dejar sin efecto la cautelar. El magistrado consideró que el Estado no había demostrado una solución definitiva frente al deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios.

Las negociaciones volvieron a trabarse el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una propuesta adicional del 3%, que fue rechazada por los sindicatos.

La discusión también llega al Presupuesto 2027

El expediente judicial avanza en paralelo con la discusión presupuestaria en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,349 mil millones para el funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales.

El CIN considera insuficiente ese monto y reclama una partida cercana a los $11 mil millones para atender las necesidades del sistema universitario.

Mientras el Gobierno prepara la apelación del nuevo fallo, las universidades y los gremios mantienen sus reclamos y medidas de fuerza. Además, ratificaron la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en medio de una disputa que ahora tendrá una nueva instancia ante la Justicia.

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