Miles de personas se movilizaron en más de 50 ciudades de España para reclamar soluciones ante la crisis habitacional y exigir una huelga general.

Las protestas fueron convocadas principalmente por organizaciones de inquilinos y movimientos sociales, después de que el Congreso rechazara dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar el problema de la vivienda.

El escenario político también sumó tensión. El rechazo parlamentario contó con los votos del Partido Popular, Vox, UPN y Junts, cuya decisión dejó sin efecto las medidas aprobadas por el Ejecutivo.

Reclamos por alquileres y desalojos

Las manifestaciones tuvieron como principales demandas la reducción de los precios de los alquileres, el freno a los desalojos y medidas contra la especulación inmobiliaria.

Las movilizaciones se extendieron por ciudades como Valencia, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Vigo, Málaga, Valladolid, Alicante, Granada, Santander y Santiago de Compostela.

En Cádiz, el Sindicato de Inquilinas aseguró que unas 10.000 personas participaron de la marcha y anunció que promoverá una huelga general de alcance nacional.

Las acampadas se multiplicaron

En Madrid, el Sindicato de Inquilinas mantiene desde hace una semana una acampada en la Puerta del Sol. La organización anunció una reducción de su presencia, aunque evalúa ampliar el asentamiento hacia la plaza de Callao por falta de espacio.

En Zaragoza, en tanto, fueron retiradas 130 tiendas de campaña que habían permanecido instaladas en la plaza de España. Los participantes trasladaron la protesta hacia el centro histórico y realizaron una nueva manifestación.

En Valencia también aparecieron nuevas tiendas de campaña después de la marcha. Cerca de un centenar de personas permaneció reunido en una asamblea para definir si la protesta continuará de manera indefinida.

Reclamo de una huelga general

La posibilidad de una huelga general se convirtió en uno de los principales ejes del movimiento. Las organizaciones buscan trasladar el reclamo por la vivienda a los barrios, lugares de trabajo y centros de estudio.

En Valladolid, unas 2.000 personas participaron de una movilización en la que se reclamó una fuerte reducción de los alquileres y el fin de los desalojos. También comenzaron conversaciones con representantes de CCOO y UGT para analizar una posible acción conjunta.

En Burgos se registró otra marcha de unas 2.000 personas. Allí, el reclamo estuvo vinculado especialmente con vecinos que podrían perder sus viviendas por cambios en las condiciones de alquiler.

El rechazo a los decretos complicó al Gobierno

La derrota parlamentaria de los dos decretos de vivienda profundizó la presión sobre Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa indicaron que el Ejecutivo analiza incluso un posible adelanto electoral, aunque aclararon que actualmente no estaría tomando una decisión en ese sentido.

El conflicto habitacional se suma así a un escenario político cada vez más complejo para el Gobierno, mientras las organizaciones de inquilinos sostienen que las medidas oficiales son insuficientes.

En Zaragoza, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia Gallego, calificó la movilización como una “chispa” para canalizar el malestar y cuestionó las iniciativas oficiales por considerarlas “migajas”.

Las protestas continuarán durante el domingo en distintas ciudades, mientras las organizaciones preparan nuevas asambleas y acciones. El objetivo declarado es mantener la presión para conseguir medidas sobre alquileres, desalojos y acceso a la vivienda, con la huelga general como próximo horizonte.

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