Estados Unidos anunció nuevas restricciones migratorias contra 27 funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de medidas que alcanzan a familiares directos de algunos de los involucrados. Washington vinculó la decisión con acusaciones de corrupción y narcotráfico.

El Departamento de Estado justificó las medidas bajo normas de la legislación migratoria estadounidense que permiten impedir el ingreso de extranjeros cuando considera que sus actividades pueden generar consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos.

Bolivia concentra la mayor cantidad de sanciones

El país con más afectados es Bolivia, donde Estados Unidos revocó las visas de 12 personas y sus familias. Otras nueve quedaron alcanzadas por restricciones que, en términos generales, les impedirían obtener una visa estadounidense si vuelven a solicitarla.

La lista incluye fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario. Entre los nombres mencionados por Washington aparecen Martin Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Alberto Zeballos Flores, Rosario Ximena Flores Paniagua e Iván Manolo Lima Magne, entre otros.

El caso que recibió una acusación pública específica es el del fiscal general boliviano Roger Mariaca, quien ocupa ese cargo desde 2024 y tiene un mandato de seis años.

La acusación contra el fiscal general boliviano

El Departamento de Estado afirmó que Mariaca habría utilizado sus funciones para “solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico” y sostuvo que esas acciones permitieron que personas acusadas de delitos violentos evitaran enfrentar a la Justicia.

Washington también aseguró que las acciones atribuidas al funcionario afectan los esfuerzos de la administración de Donald Trump contra el narcoterrorismo y las instituciones democráticas bolivianas.

La designación contra Mariaca se realizó bajo la sección 7031(c) de la legislación estadounidense, que contempla restricciones contra funcionarios extranjeros cuando Washington afirma contar con información creíble sobre presunta corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.

También alcanzó a Colombia, Perú y Ecuador

En Colombia, las medidas recayeron sobre el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. Torres está vinculado a empresas de los sectores energético, señalización vial y alumbrado público, mientras que Peralta integra el Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social.

En Perú, Washington revocó la visa de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Circuito Constitucional de Lima, y extendió la medida a sus familiares directos.

Ecuador también quedó incluido, aunque el Departamento de Estado no difundió públicamente los nombres de las dos personas alcanzadas por las restricciones.

Una nueva herramienta de la política exterior de Washington

El gobierno estadounidense presentó la medida como parte de una política que busca sancionar a extranjeros que, de acuerdo con sus investigaciones, utilicen corrupción o narcotráfico para debilitar gobiernos elegidos democráticamente.

“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, sostuvo el Departamento de Estado al anunciar las restricciones.

Washington también vinculó las decisiones con el denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de la administración Trump orientada a coordinar acciones contra organizaciones criminales, narcotráfico y otras amenazas de seguridad en el continente.

Las restricciones podrán ampliarse

El Departamento de Estado indicó que el mecanismo tendrá carácter permanente y permitirá incorporar nuevos casos a medida que aparezcan evidencias.

“Es un mecanismo duradero que permite a Estados Unidos actuar rápidamente, en coordinación con nuestros socios, a medida que se desarrolla la evidencia”, señaló la dependencia.

La decisión se produce después de que Washington reforzara durante septiembre la cooperación con Colombia, Ecuador y Perú en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Por ahora, Estados Unidos mantiene el alcance de las medidas concentrado en los cuatro países mencionados, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones si surgen nuevos elementos de investigación.

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