Unas 500 personas ocuparon 150 viviendas que permanecen sin terminar en el barrio Doctor Montaña, en la capital provincial. La situación generó un amplio operativo policial y la intervención de la Justicia.
Ante la ocupación del complejo habitacional, la Unidad
Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 5, a cargo del fiscal Ángel
Machado, inició actuaciones de oficio para determinar las medidas
correspondientes.
En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía y
representantes del Instituto de Vivienda (Invico), con el objetivo de abordar
la situación y avanzar en una solución dentro del marco judicial.
Preocupación entre los adjudicatarios
La ocupación provocó preocupación entre las personas que
habían sido adjudicadas con las unidades habitacionales. Los beneficiarios se
acercaron hasta las inmediaciones del predio para conocer qué ocurrirá con las
viviendas y si se dispondrá el desalojo.
El conflicto también puso nuevamente en primer plano la
extensa demora que arrastra la obra. Algunos adjudicatarios aseguran que
esperan desde hace más de nueve años para recibir formalmente sus propiedades.
Una de las personas beneficiarias relató: "En su
momento había sido adjudicado por el intendente Fabián Ríos, después se hizo un
sorteo bajo la gestión de Eduardo Tassano y posteriormente pasó a manos del
Invico".
La intervención de la Fiscalía
La Fiscalía tomó intervención frente a la ocupación y
comenzó a definir las medidas judiciales que correspondan. El fiscal Machado
encabeza las diligencias en coordinación con la fuerza de seguridad y el
organismo provincial de vivienda.
Mientras se desarrolla la intervención, los adjudicatarios
permanecen atentos a las decisiones que puedan adoptarse sobre el predio y las
unidades habitacionales.
El objetivo inmediato es determinar cómo continuará el
procedimiento judicial y garantizar el resguardo de las viviendas, mientras se
analiza la situación de las personas que ingresaron al complejo.
Una obra marcada por años de espera
El complejo habitacional del barrio Doctor Montaña
permanece inconcluso pese al tiempo transcurrido desde los primeros procesos de
adjudicación.
Los beneficiarios sostienen que atravesaron distintas
etapas administrativas y gestiones gubernamentales sin concretar la entrega de
las viviendas. Ahora, la ocupación agrega un nuevo capítulo al conflicto por
las unidades.
La definición de la Justicia será determinante para
establecer los próximos pasos sobre el predio y para conocer cómo continuará el
proceso destinado a los adjudicatarios originales.
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