El PRO y La Libertad Avanza avanzarán con un pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, luego de que suspendiera durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La ofensiva fue confirmada por el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, tras una reunión con funcionarios nacionales en la Casa Rosada. La decisión judicial generó además un fuerte debate dentro del propio sistema judicial.

Ritondo sostuvo que ambos espacios ya presentaron el pedido contra la magistrada y cuestionó que la provincia no se adapte a una normativa que demandó meses de discusión en el Congreso.

Qué decidió la jueza

Pascual intervino como titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial.

La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en representación de adolescentes privados de su libertad.

En su resolución, planteó que debe determinarse si el Estado puede ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin garantizar previamente las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias.

La resolución también fijó una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, en la sala de juicios orales del tribunal. Allí, funcionarios de las principales áreas del Poder Ejecutivo bonaerense deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén implementar para aplicar la nueva legislación.

El reclamo de los partidos políticos

Desde La Libertad Avanza, el presidente del espacio en la provincia y diputado nacional, Sebastián Pareja, cuestionó duramente el fallo y sostuvo que la jueza busca impedir la entrada en vigencia de una norma que ya fue aprobada por el Poder Legislativo.

Pareja calificó la decisión como “profundamente antidemocrática” y afirmó que Pascual es una magistrada vinculada a la política bonaerense.

Ritondo, en tanto, relacionó la controversia con la situación de inseguridad y cuestionó al gobernador bonaerense. “No podemos entender, básicamente en términos políticos, cómo el gobernador, la verdad que se concentra mucho más en la interna de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No da respuestas”, afirmó.

También defendió la importancia del nuevo régimen y señaló: “En el Congreso se discutió muchísimo tiempo y que, después de ocho meses de discusión permanente, la ley salió”.

Una disputa que también llegó a la Justicia

La resolución de Pascual provocó diferencias entre magistrados del fuero penal juvenil. El fiscal especializado de San Isidro, Andrés Zárate, anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción.

“Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

Zárate sostuvo que un juez puede cuestionar la constitucionalidad de una norma dentro de un expediente particular, pero consideró que no corresponde suspender su aplicación para todo el territorio bonaerense.

Como antecedente, mencionó una causa relacionada con el homicidio de Matías Urbani, ocurrido en Tigre en 2009. Allí, una condena fue revisada mediante la aplicación del principio de ley penal más benigna, un criterio que, de acuerdo con su interpretación, también debería aplicarse a nuevos procesos.

La trayectoria de Marta Pascual

Pascual tiene más de 35 años de trayectoria vinculada con la niñez y la adolescencia. Es oriunda de Almirante Brown y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos relacionados con políticas de infancia y desarrollo social. Trabajó junto a Hilda “Chiche” González de Duhalde y formó parte de organismos provinciales dedicados a la niñez y la familia.

También fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, consultora de UNICEF y presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, representación desde la que participó en encuentros internacionales.

El eventual jury deberá tramitarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo encargado de recibir denuncias contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público. La audiencia convocada para el 16 de septiembre será otro punto relevante para conocer cómo continuará la aplicación del régimen y si la disputa judicial deriva en nuevas presentaciones.

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