La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exgobernador de Entre Ríos y exembajador Sergio Daniel Urribarri, en una causa que investigó irregularidades en contratos de publicidad oficial.

La decisión fue adoptada al declarar inadmisible un recurso presentado por Gustavo Roberto Tamay. El fallo lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con esta resolución, también quedaron firmes las condenas impuestas al resto de los acusados en el expediente, por hechos ocurridos durante las gestiones provinciales comprendidas entre 2007 y 2015.

Qué determinó la investigación

El expediente judicial estableció que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se concretaron 143 operaciones que provocaron un perjuicio económico de $12.170.338,96 para las arcas provinciales.

La investigación también analizó otras contrataciones relacionadas con la difusión de la precandidatura presidencial de Urribarri y de actividades oficiales, que generaron distintos daños patrimoniales.

Según la sentencia, durante la administración provincial se implementó un esquema para direccionar recursos públicos hacia empresas dedicadas a la publicidad que estaban vinculadas con Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, aunque figuraban registradas a nombre de terceras personas.

El mecanismo que describió la Justicia

De acuerdo con lo acreditado en la causa, los contratos se utilizaban para realizar campañas de difusión de actos de gobierno y se otorgaban evitando los mecanismos destinados a garantizar la competencia entre proveedores del Estado.

Posteriormente, las contrataciones eran aprobadas mediante decretos y se confeccionaban actas que dejaban constancia de prestaciones que, según la investigación, eran ficticias.

La Justicia encuadró las conductas en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. En algunos casos, los hechos fueron considerados como delitos continuados.

Las principales penas

Urribarri recibió una condena de ocho años de prisión, además de inhabilitación, por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado en tres hechos, uno de ellos considerado continuado.

Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera fueron condenados a seis años y seis meses de prisión, también con inhabilitación, como partícipes primarios en los delitos atribuidos en dos hechos.

El fallo alcanzó además a otros cuatro condenados. Corina Elizabeth Cargnel y Gerardo Daniel Caruso recibieron tres años de prisión en suspenso e inhabilitación, mientras que Luciana María Belén Almada y Emiliano Osvaldo Giacopuzzi fueron condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación.

Qué puede ocurrir ahora

En el caso de Gustavo Roberto Tamay, la pena había sido de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación. La Corte rechazó su recurso por cuestiones vinculadas con los requisitos formales establecidos para este tipo de presentaciones.

Con la decisión del máximo tribunal, las condenas alcanzadas por el fallo adquirieron firmeza. En el caso de Urribarri, la Fiscalía podría solicitar que se haga efectiva la detención para cumplir la pena de prisión, por lo que ahora se abre una nueva instancia vinculada con la ejecución de la sentencia.

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